¿Por qué grupos de la sociedad civil oficial apoyan al gobierno?

Según el Estado cubano, los derechos de reunión, manifestación y asociación pacíficas, están garantizados en la Constitución, la Ley de Asociaciones y el Código del Trabajo. Agrega que este último garantiza el derecho de sindicalización, así como el de todos los trabajadores a discutir libremente los asuntos que les afectan.

La Ley Asociaciones y su Reglamento exigen que las organizaciones se integren con un mínimo  de 30 miembros e impide expresamente a determinados grupos de la sociedad civil, registrarse según su normativa, privándolos de un marco legal que les permita realizar el derecho de asociación, como es el caso de los grupos religiosos, los que se organizan con fines políticos y los sindicatos.

En Cuba existe una sola central sindical desde 1961, la CTC. Esta organización fue creada por el liderazgo del Partido Comunista y apoyan al Estado en sus exámenes en Naciones Unidas. Refieren que participan en negociaciones con representaciones administrativas y el Gobierno, donde su líder ocupa un alto cargo como funcionario del Estado. Sin embargo, legalmente los trabajadores no tienen derecho a la huelga ni mecanismos legales para crear nuevos sindicatos.

Situación parecida ocurre con los grupos Religiosos, que desde hace 40 años fueron excluidos legalmente del derecho a registrarse, sin embargo, en sus contribuciones a los exámenes internacionales del Estado, en materia de derechos humanos, afirman haber obtenido el reconocimiento legal sin ningún obstáculo.  

La única forma de que una organización cuente con registro o reconocimiento del estado, acceda a recursos financieros y a los medios de comunicación, actúe en el tráfico jurídico con personalidad propia, y participe en eventos nacionales e internacionales, es que surjan por iniciativa del de la élite en el poder. Esta es la única respuesta a nuestra pregunta.

​Cuba: la coincidencia entre sociedad civil y la política, anula la libre determinación del pueblo


El Estado reconoce oficialmente como organizaciones de la sociedad civil a “las sociales y de masas”, surgidas en “el proceso histórico de lucha de la Revolución” por iniciativa del liderazgo político del Partido comunista.

Tienen reconocimiento  constitucional, exclusividad dentro del sistema social y una relación de dependencia y coincidencia de intereses con el grupo político que ostenta el poder desde hace más de 58 años.  

Estas organizaciones, participan en foros y eventos internacionales  para respaldar las alegaciones del gobierno, e indicar que el sistema político y electoral cubano es el que libremente ha escogido el pueblo y expresión de su legítima voluntad.

La sociedad civil oficialmente reconocida por el Estado, también integra la sociedad política. Tienen funciones en el ámbito electoral, ejemplo; seleccionan a las persona candidatas a ocupar puestos de elección nacional y de dirección del gobierno.

Generalmente proponen  a los miembros del único partido reconocido, donde sus liderazgos ocupan altas responsabilidades. Además, los supuestos líderes sociales aspiran al poder y asumen cargos como funcionarios del Estado.

Esta relación y coincidencia, genera conflictos de intereses, inequidad en las postulaciones y elimina toda posibilidad de participación de la mayoría de la población en la toma de decisiones políticas y económicas, y por ende, los priva de su derecho a la libre determinación del pueblo.  

¡Demasiadas coincidencias para no participar en las elecciones!

En Naciones Unidas, en diferentes exámenes ante órganos de tratado y en los dos ciclos del EPU, el gobierno alegó que el pueblo cubano, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, estableció soberanamente su sistema político económico y social, refrendado con la Constitución de 1976. Asegura que es verdaderamente representativo y genuinamente autóctono y que garantiza la participación real de todo el pueblo en el ejercicio del poder público.

Sin embargo, omite que su sistema se basa en la autoridad de un solo partido político y está diseñado en base a las restricciones indebidas al derecho a fundar organizaciones políticas y adherirse a ellas, restricciones que en la práctica impiden la realización del derecho de libre determinación de la mayoría de la población.

En Cuba la ley electoral no permite a los partidos políticos participar en las elecciones, ni existen mecanismos legales para el registro de organizaciones de carácter político con aspiraciones a ocupar cargos de representación en el Estado.

El Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas (PCC y UJC), son las únicas de este tipo, que cuentan con reconocimiento en la Constitución Nacional. La primera, reconocida como fuerza dirigente del Estado.

Supuestamente, no participa en el proceso electoral, pero se prepara para el evento. Celebra sus Congresos cada 5 años, término de renovación de los órganos electivos del Estado. Generalmente un año antes de que se convoque a las elecciones en el mes de abril.

Además determina que cambios deben realizarse al sistema electoral. En el mes de julio de 1992, la Asamblea Nacional reformó el sistema de elección de los diputados nacionales y delegados provinciales por órdenes del Partido. Después de la celebración de las próximas elecciones generales en 2018 modificarán la actual ley electoral, por acuerdo de la élite de la organización partidista

La mayoría de las personas electas para ocupar puestos de representación política a nivel nacional son miembro de este Partido. Su liderazgo además ocupa los puestos más altos del Estado y del gobierno.  En 2011, antes de la renovación del órgano partidista en su VI Congreso, el 66.7 % de los miembros del Buró político del Comité Central del PCC, integraban el Consejo de Estado.

Actualmente el 86.7 % de los miembros de este politburó forma parte del órgano estatal. Además un 74.2 % de los miembros del Consejo de Estado son miembros del Comité Central y el 54.8 % de los miembros de este órgano partidista son diputados a la Asamblea Nacional.

El Primer Secretario, miembro de mayor rango dentro del Partido, desde hace décadas ha ejercido el poder político efectivo en Cuba, como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, o sea, Jefe de Estado y de Gobierno. Esta coincidencia se da en la práctica, pero no está prevista en la estructuración y regulación constitucional del sistema político cubano.

¡Para no participar en las elecciones, son demasiadas coincidencia! 

​La integración revolucionaria y el derecho a la libre determinación

Las restricciones del derecho “a no ser obligado” a integrarse a una organización”, ha permitido a la élite comunista ejercer el poder en Cuba, sin alternancia durante 58 años y que los miembros de su partido, ocupen la mayoría de los puestos de representación política.

Las instituciones del Estado exigen a la población cubana “integrarse” a organizaciones que  tienen una estrecha vinculación con el PCC y su misma exclusividad constitucional y legal dentro del sistema, para obtener una carrera universitaria, un empleo o ascender en el ámbito laboral.

La mayoría no tiene asignadas funciones dentro de las mismas, pero deben participar en las actividades patrióticas y/o militares con fuerte contenido político e ideológico, que estas organizan, ejemplo, las multitudinarias marchas del “pueblo combatiente”. La participación es  verificada en el barrio y/o en los centros laborales.  

Este control, permite establecer un sistema de premios y sanciones. Los que se nieguen a formar parte de ellas  o manifiesten públicamente sus críticas a la gestión de la agrupación partidista oficial, son castigados con inmovilidad laboral, hostigamiento, represión, aislamiento, marginación y discriminación social.

Estas imposiciones tienen incidencia directa en el derecho a la libre expresión y opinión, la participación en la dirección de los asuntos públicos, y en consecuencia, en el derecho de la mayoría a elegir libremente la condición política y el gobierno del país.

La participación en las elecciones se percibe como una actividad más de los CDR. La ley le asigna la función  de verificar el contenido la lista de electores.  Sus miembros son designados para integrar los órganos electorales. Convocan  y controlan las asambleas de nominación de las personas con aspiración a ocupar puestos de representación municipal.

Los niveles de participación en las elecciones son altos, porque las personas electoras se sienten forzadas a ejercer su voto por temor a represalias. Mientras se sientan obligadas a integrar organizaciones que controlan y se entrometen en sus vidas privadas y familiar, los cubanos no podrán ejercer su derecho a la libre determinación. 

El Pueblo de Cuba y su  derecho a libre determinación

Los pueblos tienen el derecho de “establecer libremente su condición política y proveerse asimismo su desarrollo económico, social y cultural”, sin injerencias del exterior, una atribución vinculada a la participación individual en la dirección de los asuntos públicos en todos los niveles.

Su trascendencia es de vital importancia. Es un principio fundamental del derecho internacional, por ser  una condición esencial para la eficaz garantía, observancia, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos individuales.

La libre determinación es un derecho colectivo, pero también individual. Los pueblos eligen la forma de su constitución o gobierno, pero eso es sólo posible, si cada uno de sus miembros participa en plano de igualdad en la dirección de los asuntos públicos, un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político.

Las elecciones en Cuba se celebran periódicamente, pero la elección de las autoridades del gobierno,  no se realizan en base a la libre expresión de la voluntad del pueblo. Las personas con derecho al voto son libres para apoyarlo, pero no para oponerse a él.

Están sometidas a influencias y coacciones indebidas que desvirtúan e inhiben la libre expresión de su voluntad como electoras. Son obligadas  manifestar sus preferencias políticas en reuniones públicas y someter sus propuestas en votaciones que no son secretas. No pueden formarse una opinión de manera independiente, libres de toda violencia, amenaza, presión o manipulación.

No hay cabida para las distintas opiniones políticas de la comunidad, ni están representadas en los órganos elegidos. Aunque no se exige legalmente la afiliación a un partido o ideología determinada, en la práctica, sólo los miembros del único partido legal reconocido, son electos para ocupar puestos de representación popular.

El pueblo de Cuba no elige libremente su gobierno. La Ley  prohíbe a las personas con aspiraciones a ocupar cargos de representación, buscar apoyo y luchar por los votos en campaña electoral.

Un pueblo ejerce su derecho a la libre determinación, cuando tiene la libertad de debatir los asuntos públicos, realizar manifestaciones y reuniones pacíficas, criticar u oponerse al gobierno, publicar material político, hacer campaña electoral y propaganda política. Todas son acciones y complementos esenciales de los derechos a elegir y ser elegido.

La población cubana no podrá ejercer plenamente su derecho a la libre determinación, mientras las elecciones no garanticen a las personas con derecho de voto, elegir entre distintos candidatos, todas que no tengan  la posibilidad de presentarse a cargos electivos, en condiciones de igualdad. 

La indefensión como estrategia para evitar la responsabilidad internacional

Cuba no autoriza a ningún órgano encargado de interpretar y vigilar la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, a recibir denuncias individuales  desde la isla. Tampoco reconoce autoridad ni legitimidad a las labores y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de los países que están integrados al sistema interamericano de derechos humanos y reconocen tanto la jurisdicción de la Corte como de la Comisión, sus ciudadanos pueden recurrir a uno u otro sistema, incluso a ambos, para defender sus derechos fundamentales.

Las personas con ciudadanía y residencia en la isla no tienes ni la mitad de esas posibilidades. El gobierno ha declarado públicamente que no se integrará a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que dejó sin efecto su exclusión en 2009.

No obstante, la CIDH, durante décadas, ha monitoreado la situación de los derechos humanos en Cuba y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia como miembro de la OEA. No responde a sus comunicaciones y decisiones, adoptadas mediante informes especiales; en el Capítulo IV del Informe Anual, el sistema de casos, y la adopción de medidas cautelares.

A pesar del silencio y las declaraciones del Estado cubano, la CIDH lo reconoce  como “responsable jurídicamente” ante ella. “Es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano, a fin de proteger los derechos humanos”, argumenta.  Se “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano”, agregó.

Las personas con ciudadanía cubana no disponen de recursos efectivos y adecuados a nivel interno, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley. La presentación de denuncias ante los procedimientos especiales, son su único recurso, para llamar la atención internacional sobre la situación de derechos humanos en el país, y al único que oficialmente reacciona el estado.

Esa reacción, de una forma u otra contiene a las autoridades, al visibilizar la situación de vulnerabilidad de una persona o grupo determinado. Sin embargo, no es suficiente para evitar las violaciones de derechos fundamentales por parte de las autoridades nacionales. Tampoco implica que el Estado coopere con estos mecanismos, ni cumpla sus compromisos internacionales, como esperaba la comunidad internacional hace más de 10 años.

Cuba no reconoce autoridad o legitimidad de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, para evitar ser declarado responsable de violaciones de derechos humanos, colocando en total estado de indefensión a la población.  

El Estado cubano evade su responsabilidad internacional

Desde hace más de 10 años la comunidad internacional espera que, en el contexto del examen periódico universal (EPU) y de otros procedimientos, Cuba cumpliera sus obligaciones en materia de derechos humamos.  

Hasta la fecha, se han realizado dos ciclos del EPU. Cuba fue examinada en 2009, se comprometió a recibir a los relatores temáticos, pero hasta hoy no se ha concretado ninguna visita.

En 2013 aceptó incrementar la cooperación constructiva y positiva con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y sus mecanismos e instrumentos.

Su posición contradictoria y confusa le ha facilitado evadir sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Aseguró que invitaría a los relatores de Naciones Unidas, al tiempo advirtió que preservaban su capacidad soberana de invitar, según lo considerara oportuno, a uno u otro titular.

Su astucia le ha permitido influenciar al Consejo de Derechos Humanos, para evadir su responsabilidad y evitar ser declarado internacionalmente, como país violador de derechos humanos.

Ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos por varios mandatos desde su creación, y lo ha presidido.  

Sociedad civil Cubana. La esencia de la discriminación II

Los criterios del Estado cubano para discriminar a las personas que integran las organizaciones que surgen  de manera espontánea y autónoma en la sociedad civil y se dedican a la defensa de los derechos humanos son subjetivos, irracionales y discordantes.

Las desacredita por recibir financiación. Las inculpa de fabricar alegaciones falsas que son remitidas en los llamamientos urgentes y estimular campañas política internacional de descrédito contra las autoridades cubanas para satisfacer los intereses foráneos y desvirtuar la imagen de Cuba.

Según el gobierno, prestan servicios a los Estados Unidos a través de sus actividades provocativas y de subversión para hacerse y engrosar un aval político que les permita emigrar, bajo el programa de refugiados políticos del gobierno de ese país. Además, son abastecidos materialmente  (comida, teléfonos celulares, laptops, ropas o zapatos), como pago por los servicios que prestan al gobierno norteamericano.

El argumento es totalmente discordante. Es ilógico que el gobierno norteamericano entregue a cada integrante de estas organizaciones recursos materiales y financieros, en pago por la realización de actividades provocativas y subversivas contra el Gobierno, que después utilizaran como avales para aplicar al programa de refugiados políticos y emigrar a su territorio.

Tampoco parece racional que un grupo de individuos sin vínculo laboral, que tiene garantizado millones de dólares por prestar servicio a los Estados Unidos, abandone esta rentable actividad solo con el objetivo de emigrar.

El exilio forzado es uno de los mecanismos utilizados por las autoridades para diezmar y desarticular las organizaciones de la sociedad civil informal. Los métodos de hostigamiento y la represión de las autoridades contra las personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, son de tal magnitud, que los que los obliga a solicitar refugio político.

Los criterios para diferenciar a las organizaciones que operan informalmente en la sociedad civil, de las que cuentan con el reconocimiento del Estado, no persiguen un propósito legítimo. Están motivados en la opinión política o de otra índole, y tienen la intención de  anular el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

Sociedad civil Cubana. La esencia de la discriminación I

El Eatado distingue entre las organizaciones de la sociedad civil, las que operan formalmente, con las que tiene estrecha relación,  y las que surgen  de manera espontánea y autónoma, y se dedican a la defensa de los derechos humanos. Los criterios para hacer la distinción no son objetivos ni razonables y encierran varias contradicciones.

Afirma que las segundas son creadas por los servicios especiales norteamericanos y operan bajo sus instrucciones. Agrega que casi la totalidad de sus integrantes carecen de vínculo laboral y perciben mensualmente, en calidad de salario, una suma de dinero como retribución a su participación en acciones provocativas contra el gobierno.

Las acusa de atentar contra el disfrute de sus derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación del pueblo. Según el gobierno, estas mantienen una posición hostil y abiertamente opuesta al restablecimiento y normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Estos argumentos del estado son contradictorios y carecen de sentido. Es irracional que las personas defensoras que integran las organizaciones de la sociedad civil informal se opongan a los intereses y decisiones de quien supuestamente las creó, instruye y paga por sus servicios.  

Según el estado las autoridades cubanas se han visto obligadas a reaccionan y actuar contra las protestas pacíficas, que califica como “intentos de alteración al orden en la vía pública, por asalariados de la política anticubana”.

Argumenta que las personas defensoras son delincuentes con patrones de conducta negativa, provocativa y abiertamente desafiante contra los representantes de las fuerzas del orden. Los califica de inadaptados sociales que quebrantan la tranquilidad ciudadana, al tiempo que los describe como expertos en las más sofisticadas técnicas para fabricar “documentaciones fílmicas” sobre un supuesto clima de violencia en el país y el incremento de la represión contra la población.  

El estado desconoce a las organizaciones de la sociedad civil informal, para negarles el ejercicio de su derecho legítimo a expresarse, asociarse, reunirse y manifestarse. Utiliza su derecho a la soberanía, la libre determinación, el diferendo político con el gobierno de los Estados Unidos y el embargo económico; para justificar la discriminación por motivos de la opinión política, una violación de un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos.

Cuba y el ejercicio arbitrario del derecho a la libre determinación 

El desarrollo es un derecho de todo ser humano y tiene como elementos claves la soberanía permanente sobre los recursos naturales; la libre determinación; la participación popular; la igualdad de oportunidades, y el logro de condiciones adecuadas para el disfrute de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Cubalex reconoce los obstáculos al desarrollo económico que representa la aplicación del embargo norteamericano a la mayoría de la población de la isla. Nuestra organización apoya su eliminación. No solo por ese motivo, también porque ha servido y sirve al gobierno, para justificar graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de la población que dice representar, especialmente, su derecho a libre determinación en la elección de sus autoridades, que se han mantenido en el ejercicio del poder del Estado por casi 60 años y sin alternancia política.   

Ninguna disposición internacional puede interpretarse en el sentido de que autorizan o refrendan acto alguno que tenga por objeto, la supresión o limitación de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Sin embargo, Cuba ejerce de manera arbitraria su derecho a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos y la libre determinación.

La protección de los derechos individuales sin discriminación, debe guiar las políticas de los Estados. Están obligados a respetar derechos de las personas a vivir con dignidad y a desempeñar el papel que les corresponde en el gobierno de sus países.

No es posible referirse al establecimiento y fortalecimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo, sin el respeto de los derechos humanos  y de los Principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas.  Los estados están en la obligación de cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales. 

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