No aceptes como válidas citaciones ilegales

Es obligatorio asistir a los llamados de la autoridad[1] siempre que se cumplan los requisitos y formalidades legales establecidas[2].

El primer requisito que debe cumplir una citación oficial es expresar el nombre y el cargo del Instructor, Fiscal o Tribunal que la disponga. En la práctica esta diligencia la utilizan los agentes de la seguridad del estado, pero no la hacen directamente, utilizan a los agentes de la policía y últimamente después de la reforma migratoria a los oficiales de inmigración, todos funcionarios del Ministerio del Interior.

Según la legislación, la policía cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo comienza a practicar las diligencias indispensables[3]. La citación oficial es una de ellas. Sin embargo, según la propia ley estos funcionarios son agentes o auxiliares de la autoridad[4] y sólo pueden realizar la diligencia de entrega de la citación. Los policías pueden efectuar una detención[5]; pero no pueden citar a una persona.

El segundo requisito es consignar el nombre, apellidos y dirección de la persona citada comparecer ante la autoridad y el tercero es expresar concretamente el objetivo de la diligencia, se supone que sea declarar sobre hechos presuntamente delictivos. En la práctica, esto nunca se cumple.

Es común que agentes o auxiliares de la autoridad consignen en las citaciones que la persona debe comparecer “para una conversación”, “para definir su situación”, “para entrevista” y planteamientos análogos. Lo cual distorsiona el objeto de la citación, el cual debe reflejar más exactamente la relación citación-investigación–delito.

El cuarto requisito es que la citación debe indicar el lugar, día y hora en que deba concurrir el citado, ante la autoridad. También es práctica de los agentes o auxiliares de la autoridad citar y dejar esperando a la persona citada permanecer toda una jornada en espera de ser “entrevistado”.

El quinto requisito exigido por la ley es advertir a la persona citada de que, si no concurre sin justa causa, se le impondrá multa de cincuenta pesos, y si se tratare de segunda citación de que podrá ser acusado por el delito procedente.

Es frecuente que, con toda intención de coaccionar, los agentes de la autoridad amenacen a los defensores con imponerle multa de 500 pesos moneda nacional o procesarlos por un delito de Desobediencia[6], que prevé una sanción de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 15000 pesos moneda nacional, al particular que desobedezca las decisiones de las autoridades o funcionarios públicos o las órdenes de los agentes o auxiliares de aquellos dictados en el ejercicio de su función.

Las citaciones oficiales que no cumplen con los cinco requisitos detallados anteriormente son nulas[7], pero si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley.

La mayoría de los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como válidas citaciones ilegales, lo cual debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Las citaciones oficiales que no cumplen con los requisitos legales establecidos son las acciones arbitrarias más documentada por los activistas, que al aceptarlas se colocan en situación de riesgo e incrementan su vulnerabilidad.

Los agentes de la seguridad los someten a fuertes interrogatorios, con el empleo  de tratos crueles y degradantes, como el chantaje  y la amenaza con familiares, especialmente a las madres,  en busca de información sobre sus actividades . Se han reportado caso que fueron detenidos después de comparecer al llamado de las autoridades.

 

[1]Artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal.  El artículo 176 establece que los testigos se citan en la forma establecida en el artículo 86.

[2] La Ley de Procedimiento Penal es clara en este sentido, en su artículo 167 establece que todas las personas que residan en el territorio nacional, que no estén impedidas ni exceptuadas, tienen la obligación de concurrir al llamamiento de una autoridad competente para declarar como testigo sobre los hechos que se investiguen, siempre que sean citadas con las formalidades que la ley establece.

[3] Apartado 3 del Artículos 119 de la Ley de Procedimiento Penal

[4] Artículos del 111 al 115 de la Ley de Procedimiento Penal

[5] Artículo 243 de la Ley de Procedimiento Penal

[6] el artículo 147 del Código Penal define el concepto de desobediencia y la sanción a imponer

[7] El artículo 90 de la Ley de Procedimiento Penal dispone que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto en este título”.

Entre detenciones arbitrarias y desaparición forzada en Cuba

Lic. Laritza Diversent, Directora Ejecutiva Cubalex

Lía Villares fue detenida el 20 de diciembre de 2017 aproximadamente a las 5:00 pm y liberada a en la madrugada del 22. Efectivos de la Seguridad del Estado la llevaron a la estación policial ubicada entre las calles Zapata y C, en el Vedado y según las autoridades, fue trasladada a la estación policial del municipio Cotorro. Sin embargo, en este último centro de detención confirmaron a familiares y amigos, que la artista nunca llegó a ese lugar. Durante 33 horas las autoridades policiales se negaron a dar información sobre su paradero.

Maria Cristina Labrada Varona fue detenida el 21 de diciembre de 2017 aproximadamente a las 11:00 am en el municipio Diez de Octubre, en la capital. Berta Soler, llamó al número de urgencias de la PNR y le informaron que estaba detenida en la Estación policial ubicada en Aguilera en el mismo municipio. Se comunicó vía telefónica con varias estaciones y en todas le negaron su presencia. Fue liberada el 22 de diciembre en horas del medio día.

El artista Luis Trápaga denunció la desaparición de Lia Villares en la estación policial del Cotorro. En la copia del documento de la denuncia, la policía consignó que Lia Villares se encontraba “ausente de su domicilio desde las 17:00 horas del 20/12/17 desconociéndose hasta ese momento su paradero”, a sabiendas de que había sido detenida por agentes del estado. La artista estuvo detenida todo el tiempo es esa estación policial.

Hay una diferencia entre la ausencia de una persona de su domicilio y su desaparición forzada. Esta última es un crimen internacional, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Según el tratado internacional la desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El estado cubano es parte en este tratado internacional desde el 2 de febrero de 2009 y fue examinada en marzo de 2017 por el  Comité contra la Desaparición Forzada. En los párrafos 51 y 70 de su Informe consignó que, desde el triunfo de la Revolución, no existían casos de desaparición forzada, tortura o ejecución extrajudicial, y que esos delitos no se manifiestan ni configuran en el país.

Cubalex recuerda al Estado cubano que es responsable internacionalmente por las acciones u omisiones de sus sistemas de órganos o de una persona o entidad, facultada para ejercer atribuciones del poder público, incluso en el caso de que se ejerzan abusivamente.

 

¡Alerta! Activa tus redes sociales y denuncia la desaparición forzada de Maria Cristina Labrada Varona

Maria Cristina Labrada Varona fue detenida el 21 de diciembre de 2017 aproximadamente a las 11:00 am en el municipio Diez de octubre, en la capital. Actualmente se desconoce su paradero. Andaba sola y no hay testigos del momento de su detención.
Según Berta Soler, Labrada Varona alcanzó a llamarla para informar que la estaban deteniendo. Agrega que llamó al número de urgencias de la PNR y le informaron que estaba detenida en la Estación policial ubicada en Aguilera en el propio municipio 10 de octubre. Se comunicó vía telefónica con esta estación le negaron su presencia en el lugar.

Cubalex le propuso presentar una petición de Habeas Corpus, pero la organización no realiza este tipo de denuncia. Además, nos comunicamos con otros integrantes de la organización para obtener más información y el contacto de sus familiares. Lamentablemente no tuvimos éxito.
Maria Cristina, entre enero y noviembre de 2017 resultó detenida arbitrariamente en 27 oportunidades, y 33 veces en 2016, según los reportes e informes de organizaciones radicadas en la isla. Al menos en 4 oportunidades ha sido agredida física y violentamente, a consecuencia de lo cual padece de fuertes dolores de cabeza.
Cubalex expresa su preocupación por la vida e integridad física de Labrada Varona y responsabilidad al Estado cubano por cualquier daño que sufra en su integridad corporal o afectaciones a su salud física y mental, así como las graves y sistemáticas violación de las garantías del debido proceso en la isla, que incrementan los riesgos de desapariciones forzadas de personas defensoras de derechos humanos.