Cuba: Artista encarcelado por pintar los nombres “Fidel” y Raúl” en dos puerquitos

Danilo, El sexto

A 90 días de su encarcelamiento, no hay acusación formal contra el dibujante Danilo Maldonado

La Habana, Cuba, 25 de marzo 2015.- Autoridades mantienen en prisión al artista Danilo Maldonado, conocido como “El Sexto”, quien fue detenido arbitrariamente por la policía operativa.

Maldonado de 31 años de edad, es artista urbano y dibujante y se encuentra acusado de “desacato agravado”, figura legal que utiliza el Estado cubano para encarcelar a personas que suelen criticar al gobierno.  Actualmente lleva 90 días  en prisión preventiva en Valle Grande, en la periferia de la capital.

La tarde del 25 de diciembre de 2014, Maldonado presentaría un show en un punto de la ciudad de la Habana, cuando fue detenido por la policía operativa. Lo arrestaron por tener dos puerquitos en un saco. Uno llevaba  pintado en el lomo el nombre “Fidel” y el otro “Raúl”.

Ambos nombres son comunes, sin embargo, las autoridades asumieron que irrespetaban las figuras de los hermanos Castro y podrían imponerle una sanción de entre 1 y 3 años de cárcel. Cubalex presentó ante el tribunal de la Habana una solicitud para que las autoridades explicaran el motivo de la detención, recurso que fue negado.

La fiscalía aun no presenta formalmente la acusación ante el tribunal. La abogada de Maldonado solicitó varias veces a las autoridades que le permitieran esperar el juicio en libertad, esta solicitud también  fue negada.

En la legislación cubana el delito de “desacato” es un término amplio que abarca la difamación o insultos hacia otros funcionarios del gobierno y conlleva penas agravadas cuando se hace contra el Jefe de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este tipo de norma atentan contra la libertad de expresión y la manifestación de ideas y opiniones, por lo cual no justifica la imposición de sanciones.

No hay que olvidar que todas aquellas personas que ejercen cargos público o políticos de importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política. La libertad de expresión debe tener lugar sin inhibiciones en el debate público sobre funcionarios del gobierno.

Solicitamos al Estado cubano que garantice y respete el derecho a la libertad de expresión de Danilo Maldonado, sin restricciones. Además, pedimos a la Comunidad Internacional que se pronuncien por su liberación  y el respeto a las garantías del debido proceso.

Sobre Cubalex

El Centro de Información Legal Cubalex, tiene su sede principal en la Habana, Cuba. Somos una organización fundada desde 2010, sin fines de lucro, no reconocida por el Estado cubano. Ofrecemos asesoría legal gratuita, en materia de legalización de vivienda, trámites migratorios, hereditarios, laborales, procesos de revisión penal, procedimientos constitucionales y la defensa de los derechos civiles y políticos, en el ámbito nacional e internacional, a ciudadanos cubanos o extranjeros que lo soliciten.

Cualquier consulta puede localizarnos a través de nuestro correo electrónico centrocubalex@gmail.com o por los teléfonos (537) 7 647-226 o (+535)-241-5948

En peligro trabajo de defensores de derechos humanos de Cubalex

COMUNICADO DE PRENSA

Después de presentar informe sobre las prisiones cubanas se incrementaron las campañas de difamación y hostigamiento.

La Habana, Cuba, 20 de marzo de 2015.- En la mañana del pasado 12 de marzo, personas no identificadas allanaron la oficina de Cubalex y robaron una laptop, una Tablet, una iPod, un modem, un disco duro externo, varias memorias flash y partes de las computadoras. El hecho que no robaron otros objetos de valor, sino sólo aquellos que podrían contener información del trabajo de la organización, hace suponer a Cubalex, que los agresores venían por parte de autoridades estatales.

Este robo no es un hecho aislado y sucede en un contexto donde diferentes organizaciones y líderes de la sociedad cubana han sufrido actos de hostigamiento y represión por su labor por la defensa de los derechos humanos en Cuba.

Cubalex ha sido blanco de una campaña de desprestigio que incluye notas difamatorias que acusan a la organización de actos de corrupción. Éstas se han publicado en internet, sin sustento y sin ofrecer a Cubalex la posibilidad de aclarar los hechos.

A partir de 2013 Cubalex empezó a exponer la crítica situación de los derechos humanos dentro de la isla en escenarios internacionales. Cubalex consta que hubo un incremento de vigilancia, acoso y amenazas a miembros del equipo después de la presentación del informe sobre las personas privadas de libertad en Cuba, en octubre de 2014, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Ver comunicado de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/131A.asp).

Específicamente miembros de la policía de inteligencia han amenazado a familiares del equipo de Cubalex de ser procesados judicialmente y de confiscar el inmueble donde está ubicada la sede.

Ante este contexto, Cubalex exige al gobierno de Cuba que garantice y proteja el trabajo en defensa de los derechos humanos que realizan organizaciones y líderes de la sociedad civil. Además Cubalex pide a la comunidad internacional que se pronuncie a favor de las garantías de nuestro trabajo.

Sobre Cubalex

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Cambios en la política migratoria del gobierno cubano, ¿Nuevas reformas?

por Laritza Diversent

Después de mantener por más de medio siglo prácticamente invariable sus controles migratorios, el gobierno cubano el 14 de enero de 2013 comenzó aplicar su nueva política. Ha permitido a muchos cubanos viajar sin necesidad de contar con permisos gubernamental. Hasta entonces las regulaciones migratorias aplicadas por el gobierno cubano tuvieron carácter político, restrictivo y violatorio del derecho de circulación.

La libertad de movimiento es uno de los derechos humanos más subvalorado, a pesar de ser uno de los más básicos. Su irrespeto dentro de una nación, causa numerosos problemas y sufrimientos. Cualquier persona, sin el derecho a abandonar o regresar a su casa o su país, puede ser políticamente oprimida. Incluso pueden afectar profundamente el ejercicio de otros derechos básicos, como puede ser el derecho a solicitar asilo, el derecho a la vivienda, de propiedad, de familia, al trabajo, a la educación, la salud, etc.

En Cuba, es una de las libertades, que más restricciones legales sufre. No obstante, es un derecho  reconocido en instrumentos jurídicos internacionales[1] firmados por el Estado cubano[2], cuya vigencia dentro de la isla está supeditada a la ratificación del mismos por parte del gobierno socialista[3].

Antecedentes Legislativos

La primera disposición legal que el actual gobierno puso en vigor materia migratoria se puso en vigor fue la Resolución No 454 de 29 de septiembre de 1961del Ministerio del Interior[4]. Se promulgó bajo el fundamento, de que las personas que salían  del territorio nacional,  abandonan sus propiedades con el “deliberado propósito de burlar las disposiciones de la Revolución”. Dispuso que los ciudadanos que salieran del país se les concedieran un permiso de salida. Los que no regresaran en el plazo concedido, el Estado consideraba habían abandonado el territorio nacional y se adjudicaba sus bienes muebles, inmuebles y demás valores que les pertenecían.

Esta norma contradecía artículos constitucionales

  • el Ministerio del Interior, no era una autoridad competente para disponer la expropiación forzosa, único medio que reconocía la Ley Fundamental de 1959 para disponer la privación, a una persona, de su propiedad.
  • No regulaba bajo que fundamento legal el Estado se adjudicaba las propiedades de las personas que decidieran residir permanentemente en el extranjero, ni otros requisitos indispensables para que esta figurar jurídica (expropiación forzosa), operara en derecho. En otras palabras, no hacía alusión a la indemnización efectiva, las causas de utilidad pública o interés social y el derecho de los afectados de impugnar ante un tribunal competente, la decisión gubernamental.

El 5 diciembre de 1961[5], el Consejo de Ministro, promulgó la Ley No. 989  que disponía las “Medidas a tomar sobre los  muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional”. Es a partir de esta disposición que se ordena regular, ambos permisos: el de salida y el de entrada.

  • La Ley le da al Ministerio del Interior facultad discrecional para autorizar a los cubanos viajar al extranjero.
  • Ratifica la imposición del abandono definitivo.
  • El gobierno dispuso nacionalización, por medio de la confiscación a favor del Estado cubano, del patrimonio de las personas que salieran definitivamente del país.

Ley No. 989 de 5 de diciembre de 1961 fue derogada 51 años después,  el 14 de enero de 2013, cuando entraron en vigor las nuevas regulaciones migratorias. Aunque desde el 10 de noviembre de 2011, estaban derogaron las normas complementarias que aseguraban su cumplimiento[6] y se les permitió a los cubanos que emigraran vender o donar de sus viviendas y autos, o sus familiares adquirir estos bienes, una vez que el estado los confiscara, cuando  el emigrante propietario no dispusiera de ellos.

Modificaciones en las regulaciones migratorias

En 1976, 15 años después de haber regulado los permisos de entrada y salida, el gobierno cubano promulgó la “Ley de Migración”[7] y en 1978 su Reglamento[8]. Ambas regulaban el procedimiento a seguir para obtener los permisos de salida y entrada. Después de más de 3 décadas el Consejo de Estado modificó un 32 % del articulado de la referida Ley de Migración[9], y el Consejo de Ministros, el 13, 2 % de su Reglamento[10], además de derogar un 20,4 % de los artículos.

Las transformaciones aparte de mejorar la redacción semántica de las disposiciones legales eliminó, la referencia al permiso al permiso de entrada y/o salida. En la ley  se descartó,  en 5 de los 6 artículos que los mencionaba expresamente. El reglamento lo hizo, en un 18, 4 % de las referencias a los permisos, en los artículos modificados, y un 71,4 % en los derogados. No obstante, se mantuvieron antiguas referencias. La más polémica es la contenida en el Artículo 152[11], que menciona expresamente “el permiso de entrada y prórrogas de permisos” que otorgan funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La carta de invitación

Antes de la modificación a la normativa migratoria, se exigía a los ciudadanos cubanos, para salir o entrar del país, la posesión  de un Pasaporte Corriente y un permiso otorgado por el Ministro del Interior, a través de su  Dirección de Inmigración y Extranjería.

Además las autoridades de migración requerían a los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, que viajaban por asuntos particulares, presentar junto a la solicitud de permiso de salida, invitación formulada por ciudadanos extranjeros y ciudadanos cubanos residentes permanentes en el exterior, tramitada  en el país de residencia del invitante, quien debía comprometerse a responder económica y legalmente por el Invitado, ante las autoridades de su país[12].

Hasta el 14 de enero de 2013, el Estado tácitamente declaraba la incapacidad económica a los cubanos para viajar. La eliminación del permiso de salida trajo consigo la supresión del trámite migratorio relacionado con la Carta de invitación[13]. No obstante, en la práctica esta situación no ha cambiado. Los requisitos exigidos por la mayoría de las embajadas radicadas en la isla así lo demuestran.

Por ejemplo, piden cuantas bancarias activas por 1 o 2 años, en moneda libremente convertible, con movimientos aproximado de 2000 pesos. Esta exigencia representa un conflicto para el ciudadano. ¿Cómo justificar la licitud de sus ingresos, si tiene un salario básico de 229 pesos moneda libremente convertible (7.97 USD) y esta practicante obligado a vivir de ilegalidades para sobrevivir?  También les exigen carta de invitación, y que el invitante se comprometa sufragar los gastos de manutención y seguro médico. Por otra parte, aunque disminuyeron los trámites burocráticos, las nuevas modificaciones a las regulaciones aumentaron el monto de los impuestos por trámites migratorios, que se pagan en moneda libremente convertible[14]. Significa que viajar como turista para los cubanos residentes en la isla, sigue siendo un sueño prohibitivo.

¿Significaron estas modificaciones un cambio fundamental en la política migratoria del Estado cubano? La modificación legislativa agregó 3 artículos a la ley. El primero, el artículo 23, impone restricciones para obtener el documento de viaje por excelencia a los residentes en la isla,  que en resumen están relacionadas con el inicio y tramitación de un proceso penal, la responsabilidad civil exigida por el Estado, el cumplimiento del servicio militar, por relación laboral con el estado y la minoría de edad[15].

También agrega otros supuestos que pueden ser calificados como políticos, pues no dependen de una situación concreta que presente el individuo, sino a una decisión estatal amparada en los abstractos y polémicos términos de “Defensa y Seguridad Nacional” y el “interés público”. Iguales restricciones les impone para salir del país en el Artículo 25, el tercer artículo agregado[16].

Instituciones internacionales de Derechos Humanos están preocupadas por la práctica de algunos Estados de obstaculizar la salida del país a sus propios nacionales. Uno de los métodos que mencionan es la negativa a expedir un pasaporte[17].

El segundo, el Articulo 24, mantiene las restricciones a la entrada al país para personas residentes en el exterior que tengan antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, vinculación con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva u otras conductas perseguibles internacionalmente. También impone restricciones para la entrada al país de tipo política y están dirigidas a los exiliados y a los cubanos que una vez residiendo en el exterior manifiestan abiertamente su posición política respecto al Estado[18].

Aunque siguen siendo generales y abstractas, las limitaciones a la libertad de circulación, después de la modificación legislativa, están reconocidas y clasificadas en la propia ley. Antes, legalmente el Estado no las tenía tipificadas. Actualmente tiene o debe reconocer expresamente, cuando las aplica por motivos políticos.

Las facultades discrecionales del Ministerio del Interior

No obstante a lo anterior, el gobierno mantuvo intactas las facultades discrecionales del Ministerio del Interior para decidir que cubano entra o sale del país. Lo que impide a los órganos judiciales analizar las disposiciones que emanan de las facultades discrecionales, fuertemente criticadas por el Comité de Derechos Humanos[19], lo que indica que en la agenda del Estado cubano, aún está ausente la posibilidad de ratificar los Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[20]. Según el comité las leyes que autoricen la aplicación de restricciones a los derechos humanos, no deben conferir discrecionalidad sin trabas, a los encargados de su aplicación.

La doble ciudadanía

Las nuevas modificaciones tampoco resuelven el problema de la doble ciudadanía, que prohíbe la Constitución[21]. El gobierno de la isla no priva a sus nacionales del cambio de ciudadanía, pero tampoco les permite renunciar a la cubana. En la práctica ignora el hecho de que un cubano residente en el exterior ostente la ciudadanía de otro estado. El gobierno no reconoce a ninguno de sus ciudadanos otra ciudadanía que no sea la cubana. En la práctica, lo que hace es ignorar el hecho de que un cubano ostente una o varias ciudadanías de otros Estados. En otras palabras, puedes tener varias nacionalidades, sin embargo, para los efectos legales dentro de Cuba eres ciudadano cubano y no hay formula o procedimiento para renunciar a la ciudadanía cubana, aun cuando se infringen disposiciones constitucionales. Legalmente aun la Asamblea Nacional no ha determinado que autoridad decreta la pérdida de la ciudadanía.  Es uno de los factores que les asegura el control del flujo migratorio.

Actualización legislativa de las políticas migratorias

Otro aspecto tratado en los cambios se refirió a actualizar legalmente la política migratoria aplicada por el Estado, desde hacía más de dos décadas. La ley migratoria y su reglamento llevaban vigente 36 y 34 años respectivamente, sin sufrir modificaciones.  Muchos de sus artículos estaban en desuso. En otros se les dio forma legal a las prácticas gubernamentales en la materia, como reconoce legalmente a los emigrados como categoría migratoria y definir el tiempo máximo de estancia en el exterior, y en consecuencia el tiempo en que se pierde la residencia cubana. No obstante, introdujo algunas  nuevas como lo es la posibilidad de recuperar la residencia en la isla, para los emigrados.

Artículos en desuso

Mucho de los artículos del reglamento estaban en desuso por cambios en la política migratoria a que nunca adquirieron la forma legal, o al menos nunca se publicaran en la Gaceta Oficial de la República  para conocimiento de todos.  Por ejemplo, antes de ser modificado el Reglamento de la Ley de Migración establecía que:

  • Los residentes en la isla hicieran las solicitudes de pasaporte corriente ante notario público, pero se solicitaba en la Dirección de Inmigración y Extranjería.
  • El Pasaporte Corriente se entregara después de otorgado el correspondiente permiso de salida. En la práctica esto no sucedía. Primero se solicitaba el pasaporte y luego se tramitaba la correspondiente autorización.
  • Los cubanos que residan permanentemente en Cuba, debían entregar sus pasaportes al regreso al territorio nacional En la práctica esto nunca ocurría.

Otras modificaciones consecuencias de reformas legislativas anteriores

El Reglamento de la Ley de Migración antes de ser reformado también exigía que para hacer entrega de permisos de salida otorgados a ciudadanos cubanos, se requería además, si se tratare de permiso otorgado por asuntos particulares con carácter permanente, la presentación de documentos probatorios de que se ha informado a los organismos competentes, al efecto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley número 989 de 5 de diciembre de 1961(confiscación por salida del país)[22]. Desde el 10 de noviembre de 2011, se derogaron las normas complementarias que aseguraban el cumplimiento de esta Ley[23].

 

Prácticas migratorias que obtuvieron formulación legal

Permiso de viaje al exterior

Respecto a los permisos de salida por asuntos particulares, el Reglamento establecía que, podía otorgarse con carácter temporal y por un término hasta de 3 meses, prórrogas de la autorización siempre y cuando se tramitaran  con no menos de 20 días de antelación a su vencimiento. En la práctica las autoridades migratorias dieron un término máximo de estancia en el exterior, que se amplió con las recientes modificaciones[24], luego del cual se perdía la residencia en la isla. No obstante se podían prorrogar.

Esta práctica se conoció como Permiso de viaje al exterior, una de las categorías migratorias no previstas en la ley. Surgió a partir de 1994. Antes de la modificación se extendió gradualmente la estancia autorizada por el gobierno cubano, hasta 11 meses en el exterior después de los cuales, de no regresar el ciudadano cubano, se le aplica la categoría migratoria de emigrado, (que tampoco estaba reconocida en la ley) por entenderse que tácitamente ha realizado una negativa de regreso. Las resientes modificaciones dieron un término legal de estancia en el exterior de por 24 meses[25], con la posibilidad de pedir autorización para residir en el exterior justificadamente después de ese tiempo[26]. A esta prórroga se le dio una nueva denominación, “Extensión de la permanencia en el exterior[27]. Igualmente el tiempo de estancia cambio de 21 días a 3 meses, para los emigrados[28].

Permiso de residencia en el exterior(PRE)

Otra de las categorías que se le dio formulación legal[29]. Surge en 1984 y es la autorización otorgada a solicitud de aquellos ciudadanos cubanos cuyo permiso de viaje se encuentre dentro del término autorizado para permanecer en el exterior (Permiso de Viaje al Exterior, Permiso de Viaje Temporal, Asunto Oficial) y que hayan contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros para establecerse en el extranjero, por tiempo indeterminado. Los portadores de este Permiso podían entrar al territorio nacional cada vez que lo desearan, sin necesidad de solicitar permiso de entrada, y permanecer en el país hasta 12 meses consecutivos, sin perder esta categoría, que podía hacerse extensiva a los hijos menores, fruto de dicho matrimonio. Asimismo, podían regresar definitivamente a residir al país cuando así lo decidieran, renunciando al PRE.

A pesar de las ventajas que ofrece a los cubanos  esta categoría no está bien explicitada en la ley ofrece un poco de dudas. Al mencionar las oficinas de trámites del Ministerio del Interior queda la duda si los residentes en el exterior pueden pedir permiso para residir en el exterior estando aun en Cuba. Anteriormente se solicitaba una vez que se tuviera residencia en el otro país por motivo de matrimonio. Por otra parte es también la motivación por la que muchas mujeres se prostituyen en Cuba, hecho que fomenta el turismo sexual y la trata de personas.

Habilitación

Regula por primera vez la habilitación del pasaporte, aunque no la define ni explica en que consiste, ni el proceso que ha de seguirse para obtenerla así como que autoridad es la encargada de decidir que pasaporte se habilita y cual no, y en caso de decisión denegatoria, cual es la causa[30]. Estas omisiones, le permite al Estado negar la entrada a un nacional al país, sin tener que reconocer si su decisión denegatoria, está fundada en motivaciones políticas[31].

Menores de edad

Antes solo tenían la posibilidad de la salida definitiva, no tenían permitido viajes temporales, a menos que fueran acompañando a sus padres en misión oficial. Actualmente se les reconoce la posibilidad de que se expida pasaporte corriente a favor de los menores o incapaces[32]. Respecto a los menores se debió advertir expresamente, que no permitirá su salida si no es compañía de uno o de los dos padres, a menos que uno de ellos resida en exterior, para evitar el tráfico de menores[33].

Residencia

Unos de los aspectos positivos de las nuevas regulaciones fue permitir a los cubanos residentes en el exterior, recuperar la residencia cubana[34]. Esta es una novedad de la ley y puede decirse que es realmente un cambio. De su interpretación se desprende que no es necesario estar residiendo en la Isla para recuperar la residencia, aunque la decisión depende de un órgano estatal con facultades discrecionales[35].

El antecedente del permiso de residencia, fue el Permiso de repatriación, una categoría migratoria que surgió a partir de 1987(Regreso Definitivo a Cuba). Era la autorización que otorga las autoridades migratorias cubanas para regresar a Cuba con carácter permanente, basado fundamentalmente en razones humanitarias, previa solicitud formulada por los emigrados cubanos a favor propio y/o de sus hijos menores.

Este Permiso se otorga  a los que se encuentren clínicamente desahuciados o gravemente enfermos, víctimas de secuestros, las personas mayores de 60 años que demuestren tener recursos para  auto sustentarse, las mujeres mayores de 60 años, hombres de 65 años y menores de 16 años de edad, siempre que demuestren que cuenta con familiares en Cuba que garanticen sus sustento económico.

Pasaporte corriente a favor de instituciones estatales y cuasi estatales

El pasaporte corriente se expedía a favor de los cubanos residentes en la isla que requirieran viajar por asuntos particulares y los residentes permanentes en el exterior y podían ser individuales familiares y colectivos. Con la nueva modificación se expide el corriente a residentes en la isla, a los autorizados a residir en el exterior, a los emigrados y a solicitud e entidades estatales u Organizaciones No Gubernamentales reconocidas por el Estado (cuasi estatales)[36]. En este último caso no queda claro en qué caso se expide pasaporte oficial y cuando pasaporte corriente[37]. Significa que puede darse el caso de que una persona tenga pasaporte corriente y estar en misión oficial del Estado.

Respecto al pasaporte en general, se aumentó a 3, la cantidad de veces que se puede prorrogar el documento. También disminuyeron los trámites burocráticos, se simplificaron los requisitos exigidos a los residentes en la Isla y se aumentó el impuesto sobre documento (100 pesos moneda libremente convertible) para obtenerlo[38]. Actualmente solo se necesita el documento de identidad y para el caso de los menores e incapacitados autorización de sus representantes legales. Se cambió la referencia a la Dirección de Inmigración y Extranjería, por las de Oficinas de Trámites del Ministerio del Interior[39]. Actualmente se encargan las oficinas del Registro de Direcciones, donde también se emite el carnet de identidad de los residentes en la isla, una institución del Ministerio del Interior que lleva el control de los cubanos que residen en la isla, los residentes en el exterior  y los emigrados.

Residentes de inmobiliarias

No se sabe si esta categoría se aplicaba antes de su formulación legal, no obstante, es poco conocida, aunque su objetivo no lo es. La ley clasifica como residentes de inmobiliarias a los extranjeros y sus familiares,  propietarios o arrendatarios de viviendas en complejos inmobiliarios dentro de la Isla[40]. Según la ley estas personas pueden ser admitidas en Cuba por un año, prorrogable sucesivamente por igual término y sus visas son tramitadas por el Ministerio de Turismo[41].

 

Conclusiones:

De forma general, las modificaciones a las regulaciones migratorias, mejoraron la redacción semántica de las disposiciones legales, eliminaron la referencia al permiso al permiso de entrada y/o salida y la carta de invitación, que tácitamente declaraba a los cubanos incapaces desde el punto de vista económico. Esta presunción se mantiene en la práctica. Los requisitos exigidos por la mayoría de las embajadas radicadas en la isla y el valor de los impuestos por trámites migratorios, que se pagan en moneda libremente convertible, hacen que la posibilidad de viajar fuera de la isla sea un sueño inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

La reforma legislativa fue necesaria para darle forma legal a prácticas que el gobierno aplicaba desde hacía más de dos décadas. Esto implicó que se derogaran artículos en desuso. No obstante, puso en vigor algunas políticas nuevas y creó nuevas categorías migratorias. Por ejemplo, los residentes de inmobiliarias, que ofrece garantías a extranjeros y sus familiares,  propietarios o arrendatarios de viviendas en complejos inmobiliarios dentro de la Isla.

Sin duda el Estado se enfoca en sectores con potencialidad económica: extranjeros y emigrados. A estos últimos les da la oportunidad de recuperar la residencia en la isla, y con ella el derecho a participar en las elecciones, ejercer el trabajo por cuenta propia, a comprar autos y una vivienda, etc. Esta decisión si representó un cambio en la política migratoria cubana. Al permitir recuperar derechos dentro de Cuba, se infiere que el gobierno está dando pasos para iniciar relaciones con la emigración.

Sin embargo, la posibilidad de que el Ministerio del Interior reconozca este derecho a cubanos residentes en el exterior, sin estar viviendo físicamente en el país, deja bien claro que seleccionará que emigrados pueden o no recuperar sus derechos. Significa que continúan siendo un grupo políticamente oprimido. A esta conclusión se llega cuando se analiza por qué dejo intacto  el problema de la doble ciudadanía, que prohíbe la Constitución. Así aseguró el control del flujo migratorio de los emigrados hacia dentro de sus fronteras.

Incluso dogmatizó su política, cuando le da forma legal a la práctica de exigir la habilitación del pasaporte a los emigrados, pero sin definir y describir el proceso en que podían obtenerla. Esto le da la posibilidad al gobierno de  negar la entrada a un nacional al país, sin tener que reconocer si su decisión está fundada en motivaciones políticas, aun cuando las restricciones a la libertad de movimiento están reconocidas y clasificadas en la propia ley, y el Estado tiene o debe reconocerlas expresamente.

En conclusión, las modificaciones a las regulaciones migratorias no constituyen una reforma fundamental en la política del Estado. Aún se reserva el derecho de negar la entrada o salida del país a sus ciudadanos (por “Defensa y Seguridad Nacional” e “interés público”) y mantiene intactas las facultades discrecionales del Ministerio del Interior para decidir que cubano entra o sale de Cuba. De todas formas representan un paso de avance, aun cuando conservan su carácter político, restrictivo y violatorio de la liberta de circulación.

 

 

Bibliografía

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Comité de Derechos Humanos (CCPR). (2 de noviembre de 1999). CCPR Observaciones Generales 27 (Libertad de circulación). CCPR/21/Rev.1/Add.9.

Consejo de Estado. (2 de noviembre de 2011). Decreto Ley No. 288 de 28 de octubre de 2011 “Modificativo de la Ley No. 65 de 23 de diciembre de 1988, Ley General de la Vivienda”. Gaceta Oficial de la República(35), Extraordinaria, 359. Cuba.

Consejo de Ministros. (31 de octubre de 2012). Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978 “Reglamento de la Ley de Migración” (Edición Actualizada). Gaceta Oficial de la República(44), Ordinaria, 1373. Cuba.

Consejo de Ministros. (16 de octubre de 2012). Decreto No. 305 de 11 de octubre de 2012, “Modificativo del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, Reglamento de la Ley de Migración”. Gaceta Oficial de la República(44), Ordinaria, 1360. Cuba.

Consejos de Estado. (16 de octubre de 2012). Decreto Ley No. 302 de 11 de octubre de 2012, “Modificativo de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976, Ley de Migración”. Gaceta Oficial de la República(44), Ordinaria, 1357. Cuba.

Instituto Nacional de la Vivienda, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. (8 de septiembre de 1995). Resolución Conjunta de 22 de agosto de 1995, “Sobre la Ejecución de las Diligencias para el cumplimiento de la Ley 989 de 5 de diciembre de 1961″. Gaceta Oficial de la República(24), Ordinaria, 384-389. Cuba.

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Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de la Vivienda. (2 de noviembre de 2011). Resolución Conjunta No. 1 de 31 de octubre de 2011. Gaceta Oficial de la República (35), Extraordinaria, 364. Cuba.

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Ministerio del Interior. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 43 de 13 de octubre de 2012 “Sobre la Actualización de los Pasaportes Corrientes”. Gaceta Oficial de la República(44), Ordinaria, 1365. Cuba.

Ministerio del Interior. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 44 de 13 de octubre de 2012. Gaceta Oficial de al República(44), Ordinaria, 1365. Cuba.

Poder Ejecutivo- Consejo de Ministros. (16 de octubre de 2012). Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976, “Ley de Migración” (Edición Actualizada). Gaceta Oficial de la República(44), Ordinaria, 1369. Cuba.

 

 

[1]la libertada de movimiento está  reconocida en instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificada por el Estado cubano en 1948, y el Pacto Internacional de los Derecho Civiles y Políticos, firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008.

[2] Cuba firma pacto de DD_HH_ de la ONU, (BBC Mundo, 2008). El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, firmó el 28 de febrero de 2008 en Nueva York el pacto internacional. Hasta la actualidad, el Estado cubano no ha manifestado su consentimiento para obligarse por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El proceso de conclusión de los mismos, está regulado en el artículo 90 y 98, inciso ch) de la Constitución cubana de 1976 y en el Decreto – Ley 191/99 “De los tratados internacionales”, El trámite se inicia cuando el texto del pacto firmado es remitido al seno del Consejo de Ministros para su análisis y aprobación, luego este lo somete a la consideración del Consejo de Estado para que sea ratificado.

[3]La Constitución cubana de 1976 y el del Decreto–Ley 191/99 “De los tratados internacionales”, forman el marco legal aplicable al trámite constitucional de formación interna del consentimiento del Estado, para la aprobación y ratificación de ambos instrumentos jurídicos internacionales. El trámite se inicia cuando el texto del tratado firmado es remitido al seno del Consejo de Ministros para su análisis y aprobación. Luego es sometido a la consideración del Consejo de Estado para que sea ratificado. El artículo 98 inciso “ch” de la Constitución de la República, enuncia que el Consejo de Ministros tiene la facultad de “aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado”, mientras que  las atribuciones del Consejo de Estado, reconocidas en el artículo 90, inciso “ m” del texto constitucional, lo facultan para “ratificar o denunciar tratados internacionales.”Constitución de la República de Cuba de 1976, reformada en 1992 y 2002. Los acuerdos de cada uno de los órganos sirven de base al MINREX para que este elabore el correspondiente instrumento de depósito o nota diplomática, a fin de ejecutar los trámites internacionales de perfeccionamiento del consentimiento, es decir la ratificación de los pactos. Sin embargo, luego de 5 años,  el gobierno aún no se decide a manifestar su consentimiento, para obligarse por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, bajo la justificación de que debe realizar reformas en su legislación interna para compatibilizarla con los mismos.

[4] Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 196 del 9 de octubre de 1961

[5] Gaceta Oficial de la República de Cuba del 6 de diciembre de 1961

[6] Instituto Nacional de la Vivienda, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. (8 de septiembre de 1995). Resolución Conjunta de 22 de agosto de 1995, “Sobre la Ejecución de las Diligencias para el cumplimiento de la Ley 989 de 5 de diciembre de 1961″. Gaceta Oficial de la República (24), Ordinaria, 384-389. Cuba.

[7] Poder Ejecutivo- Consejo de Ministros. (16 de octubre de 2012). Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976, “Ley de Migración” (Edición Actualizada). Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1369. Cuba.

[8]Consejo de Ministros. (31 de octubre de 2012). Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978 “Reglamento de la Ley de Migración” (Edición Actualizada). Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1373. Cuba.

[9]Consejos de Estado. (16 de octubre de 2012). Decreto Ley No. 302 de 11 de octubre de 2012, “Modificativo de la Ley No. 1312 de 20 de septiembre de 1976, Ley de Migración”. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1357. Cuba.

[10] Consejo de Ministros. (16 de octubre de 2012). Decreto No. 305 de 11 de octubre de 2012, “Modificativo del Decreto No. 26 de 19 de julio de 1978, Reglamento de la Ley de Migración”. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1360. Cuba.

[11] Vid Nota 8, p. 1387

[12]Ministerio de Relaciones Exteriores. (27 de abril de 2007). Resolución No.87 de 23 de abril de 2007. Gaceta Oficial de la República (20), Extraordinaria, 99. Habana, Cuba.

[13]Ministerio de Relaciones Exteriores. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 318 de 13 de octubre de 2012. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1366. Cuba.

[14]Ministerio de Finanzas y Precios. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 343 de 13 de octubre de 2012. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1364. Cuba.

[15] Vid nota 9, p. 1358

[16] Vid nota 9, p. 1359

[17] Comité de Derechos Humanos (CCPR). (2 de noviembre de 1999). CCPR Observaciones Generales 27 (Libertad de circulación). CCPR/21/Rev.1/Add.9.

[18] Vid nota 9, p. 1358

[19] Vid nota 17

[20] Vid nota 3

[21] Asamblea Nacional. (31 de enero de 2003). Constitución de la República de 24 de febrero de 1976. Gaceta Oficial de la República (3), Extraordinaria, 7. Cuba. Artículo 32.

[22] Vid nota 6

[23] Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de la Vivienda. (2 de noviembre de 2011). Resolución Conjunta No. 1 de 31 de octubre de 2011. Gaceta Oficial de la República (35), Extraordinaria, 364. Cuba.

[24] Vid nota 7, p.1370, Artículo 9 (en su Apartado 2 y en el último párrafo).

[25] Vid nota 7, p.1370, Artículo 9 (en su Apartado 2 y en el último párrafo)

[26]Ministerio de Relaciones Exteriores. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 319 de 13 de octubre de 2012. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1367. Cuba.

[27]Ministerio de Relaciones Exteriores. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 319 de 13 de octubre de 2012. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1367. Cuba.

[28] Vid nota 8, p.1379, Artículo 47 (en su Apartado 1ro)

[29]Vid Nota 8, p. 1378, Artículo40 (inciso b)

[30]Vid nota 8, p. 1378, Artículo 44.

[31]Vid nota 7, p.1372, Artículo 24.

[32]Ministerio del Interior. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 43 de 13 de octubre de 2012 “Sobre la Actualización de los Pasaportes Corrientes”. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1365. Cuba.

[33]Vid notas 7 (artículo 23, inciso g) y 8 (artículos 21 y 23, inciso c)

[34]Vid nota 8, p. 1379, Artículos del 48 al 50.

[35]Ministerio del Interior. (16 de octubre de 2012). Resolución No. 44 de 13 de octubre de 2012. Gaceta Oficial de la República (44), Ordinaria, 1365. Cuba.

 

[36]Vid nota 7 (Articulo 9.1 en su segundo párrafo)

[37]Vid Nota 8 (Artículo 8.1, apartado 1ro segundo párrafo y apartado 4; Articulo 13 y 26)

[38]Vid notas 14 y 35

[39]Vid nota 8, passim.

[40]Vid nota 7, artículos 2 y 3, inciso c).

[41] Vid nota 8, Artículo 45, segundo párrafo, Artículos del 92 al 94 y el 119.

¿“Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”, en el sistema legal cubano?

Regulación Internacional

Según el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el inciso a) de apartado tercero su artículo 2 establece “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales” y en el inciso b) de apartado tercero su artículo 2 establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial”.

En el apartado primero de su artículo 14, reconoce que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

Regulación Nacional

En la Constitución de la República de Cuba no se reconoce a ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos[1], una recomendación hecha en el Examen Periódico Universal, a que se sometió el Estado cubano, en 2009 y sobre la que el gobierno considero, que no constituía una necesidad identificada por el pueblo cubano en función de su voluntad de continuar construyendo una sociedad que garantice toda la justicia[2].

Según el gobierno cubano, el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas, relativas al disfrute de cualquier derecho humano. Este sistema también evalúa la efectividad de los mecanismos, políticas y programas vigentes en materia de promoción y protección de los derechos humanos y presenta y brinda seguimiento a las recomendaciones que considere oportunas para seguir perfeccionando el disfrute de los derechos humanos en Cuba.

Sistema Interinstitucional

Dentro del sistema interinstitucional a que se refiere el gobierno se encuentra, respaldado legalmente por:

Constitución de la República de Cuba

La Constitución cubana que reconoce en su artículo 63, que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”

Fiscalía General de la República

Ley No. 83 e 11 de julio de 1997, “De la Fiscalía General de la República”, en su artículo 7 inciso c) establece que “la actividad de la Fiscalía General de la República tiene como objetivos, además de los fundamentales que le asigna la Constitución, los siguientes: c) proteger a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses”.

En su artículo 24 establece que La Fiscalía General de la República por medio del Fiscal designado, atiende, investiga y responde, en el plazo de sesenta días, las denun­cias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los ciudadanos. En el apartado 2 advierte que “Si en las investigaciones a que se refiere el párrafo anterior se aprecia que han sido violados los derechos de algún ciudadano, el Fiscal actuante dispondrá mediante resolución que se restablezca la legalidad”.

En el apartado 3 aclara que “De estimarse que el asunto planteado es improcedente o carece de fun­damento suficiente, la respuesta que se brinde por el Fiscal al promovente, deberá ser argumentada y por escrito o dejar constancia cuando la respues­ta sea verbal”.

En el apartado 4 advierte que “Si el promovente está en desacuerdo con la tramitación realizada o con la respuesta recibida, puede dirigirse al Fiscal Jefe inmediato superior o direc­tamente al Fiscal General, dentro del término de treinta días posteriores de haber recibido la respuesta, fundamentando los motivos de su inconformi­dad, a los efectos de que se reexamine el asunto y se le ofrezca la respuesta procedente”[3].

Los Tribunales Populares

Ley No. 82 de 11 de julio de 1997, “De los Tribunales Populares”, en su artículo 7, inciso c) establece que “La legalidad está garantizada en la actividad judicial por las funciones de dirección, supervisión e inspección ejercidas por los tribunales superiores sobre la actividad jurisdiccional de los tribunales inferiores. El Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares establece en su Artículo 23, tal como quedo modificado por el Acuerdo No. 152 de 11 de julio de 2000 del Tribunal Supremo Popular, que la Dirección de supervisión y de Atención a la Población tiene las funciones y atribuciones principales siguientes, en el inciso f) “Atender los planteamientos de la población relacionados con el actuar de los Tribunales, ofreciendo respuesta debida en cada caso”, en el inciso g) “organizar y comprobar el sistema de atención a la población en todos los Tribunales, en el inciso i) “Realizar estudios integrales de las deficiencias detectadas en supervisiones, auditorias judiciales y tramitación de las quejas de la población buscando las causas y condiciones que las facilitan”, en el inciso k) “poner en conocimiento del Presidente del Tribunal Supremo Popular los casos de conducta impropia de jueces y de otros trabajadores judiciales que se detecten en el curso de ¡as comprobaciones y de las supervisiones”. La Metodología para la Atención a la Población en el Sistema de Tribunales fue puesta en vigor por la Instrucción No. 180 de 17 de abril de 2006 de Tribunal Supremo Popular.

Organización Nacional de Bufetes Colectivos

Respecto a la función de los abogados de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, los trabajadores de la organización, los usuarios de sus servicios o cualquier otra persona pueden denunciar a las autoridades antes expresadas por escrito o verbalmente los hechos de los que hayan tenido conocimiento y que puedan constituir indisciplina a fin de que se inicie el expediente que corresponda. Las denuncias por escrito deben ser firmadas por los denunciantes y las verbales deben hacerse constar en acta por quien las recibe, el cual las firma conjuntamente con el denunciante. En la denuncia y la comunicación que se une al expediente deben proponerse las pruebas de los hechos imputados[4]. Los directores provinciales de Bufetes Colectivos dan respuestas dentro del término de 60 días a las quejas que en relación con los servicios prestados, que presente la población e informa de inmediato  a la Junta directiva Nacional de la organización[5]

Órganos del Poder Popular

El Secretario de la Asam­blea Nacional examina las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la po­blación[6]. El Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular examina las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la población y, en su caso, adoptar las medidas procedentes y el secretario del órgano tramitar las quejas y planteamientos de la población que se reciban en la Asamblea Provincial[7].Las Asambleas Municipales del Poder Popular tiene la atribución de conocer acerca de la atención v tramitación de las quejas y planteamientos formulados por los ciudadanos. Su Presidente examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la población y, en su caso, adopta las medidas procedentes y su Secretario tramita, las quejas y planteamientos de la población que se reciban en la Asamblea Municipal[8].

Consejo de la Administración Municipal de los Órganos Locales del Poder Popular

El Consejo de la Administración Municipal adopta decisiones que contribuyan a solucionar las quejas y solicitudes planteadas por los electores a sus delegados y su Presidente atiende los planteamientos de los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en relación con el tratamiento que reciban las quejas y solicitudes de los electores trasladadas por ellos y procurar su solución[9]. El Consejo de la Administración tiene las atribución de adoptar decisiones que contribuyan de forma priorizada a la mejor atención de los planteamientos, las quejas y solicitudes realizadas por los electores a sus delegados, así como cualesquiera otras, independientemente de su origen, y trabajar en la identificación y erradicación de sus causas, utilizando las vías que correspondan. Su presidente[10] decide sobre la atención a los planteamientos, quejas y solicitudes formulados por la población y procurar su solución. Su Vicepresidente[11] controlar la atención y solución o respuesta adecuada que se brinde por las entidades a las quejas, planteamientos, solicitudes y opiniones espontáneas de la población, con relación a temas vinculados con los objetivos, programas y tareas que atiende. Las direcciones administrativas provinciales y municipales prestan atención y dan respuesta a los planteamientos, quejas, denuncias y solicitudes que les dirijan los ciudadanos, o se tramiten por los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, y cumplir con los términos establecidos y sus jefes controlar, tramitar y buscar solución a las preocupaciones, planteamientos, quejas, denuncias y solicitudes de la población[12].

Organismos de la Administración Central del Estado

El Consejo de Ministros implementa la debida atención a los planteamientos de la población que le corresponda, asegurando la participación de los integrantes de este órgano, de los organismos de la Administración Central del Estado, de las administraciones y de las asambleas locales del Poder Popular, en darles respuesta pronta y eficaz[13]. Los cuadros tienen los deberes de garantizar que su colectivo de dirección y personalmente él, den atención y brinden adecuada respuesta a los planteamientos y quejas de la población[14]. Los Consejos de Dirección de los Organismos de la Administración Central del Estado evalúan y controlan la marcha de la atención a las reclamaciones, quejas y planteamientos de la población que se dirijan al Jefe del Organismo y otros jefes principales del mismo y regular su atención en todo el sistema, así como mantenerse al tanto de los estados de opinión del pueblo, que se den a conocer a la jefatura del organismo sobre la situación de las actividades y tareas de las cuales éste es rector[15]

Conclusiones

El sistema prevé la recepción de quejas, la obligatoriedad de respuestas pero no la restitución en caso de comprobarse, y su tramitación en la vía judicial. Ninguna de las disposiciones legales, que lo tienen hace mención expresa a los derechos humanos. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para caso urgentes o de daños irreparables. En la práctica ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Sin embargo, para el Gobierno cubana “este sistema ha demostrado en la práctica efectividad y capacidad de respuesta a los intereses, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos”.


por Lic. Laritza Diversent

 

Bibliografía

Asamblea General de Naciones Unidas. (2009). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal- Cuba. A/HRC/11/22, Consejo de Derechos Humanos.

Asamblea Nacional del Poder Popular. (27 de diciembre de 1996). Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 25 dediciembre de 1996. Gaceta Oficial de la República(48), Ordinaria, 758. Cuba.

Consejo de Estado. (19 de abril de 1983). Decreto Ley No. 67 de 19 de abril de 1983, “De Organización de la Administración Central del Estado” (Derogado). Gaceta Oficial de la República(9), Extraordinaria, 61. Cuba.

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Consejo de Estado. (13 de septiembre de 1995). Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”. Gaceta Oficial de la República(4), Extraordinaria, 21. Cuba.

Consejo de Estado. (13 de septiembre de 1995). Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular”. Gaceta Oficial de la República(4), Extraordinaria, 13. Cuba.

Consejo de Estado. (18 de diciembre de 1998). Acuerdo de 30 de noviembre de 1998 ” Reglamento de la Ley de la Fiscalía General de la República”. Gaceta Oficial de la República(63), Ordinaria, 1045. Cuba.

Consejo de Estado. (20 de noviembre de 2007). Decreto Ley No. 196 de 15 de octubre de 1999, “Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno”. Gaceta Oficial de la República(54), Extraordinaria, 445. Cuba.

Consejo de Estado. (3 de enero de 2008). Decreto Ley No. 257 de 4 de diciembre de 2007, “De los Consejos de Dirección de los Organismos de la Administración Central del Estado”. Gaceta Oficial de la República(1), Extraordinaria, 1. Cuba.

Consejo de Estado. (13 de agosto de 2010). Decreto Ley No. 272 de 16 de julio de 2010, “De la Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros”. Gaceta Oficial de la República(33), Ordinaria, 937. Cuba.

Consejo de Ministros. (11 de diciembre de 2007). Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”. Gaceta Oficial de la República(81), Ordinaria, 1164. Cuba.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. (s.f.). Folleto Informativo No. 19, “Instituciones Nacionales de Promoción y Proteccion de los Derechos Humanos”. Ginebra.

 

 

[1] Folleto Informativo No. 19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”

[2] Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal- Cuba, Consejo de Derechos Humanos, 2009

[3] Articulos 15, inciso b), 20, 21, 36,inciso b), 44, inciso d) y los articulos del 46 al 54 del Acuerdo de 30 de noviembre de 1998 del Consejo de Estado ” Reglamento de la Ley de la Fiscalía General de la República”.

[4] Artículo 61 de la Resolución No. 142 de 18 de diciembre de 1984 del Ministerio de Justicia, Reglamento del Decreto Ley No. 81 de 8 de junio de 1984 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos”

[5] Articulo13 inciso f) del Decreto Ley No. 81 de 8 de junio de 1984 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos”

[6] Artículo 7 inciso i) del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 25 de diciembre de 1996

[7] Artículo 9, inciso g) y Artículo 11, inciso h) del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular”

[8] Artículo 7 inciso s), Artículo 9, inciso g), Artículo 11 inciso h)  del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”

[9] Articulo Artículo 8, 15 y 16  del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”,  Artículo 9 y 10 del Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 del Consejo de Ministros “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”

[10]Artículo 8 del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular” y del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”, Artículo 9 y 10 del Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 del Consejo de Ministros “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”

[11] Ídem

[12] Artículo 13, apartado 13; Artículo 14, apartado 8; Artículo 17, apartado 7; Artículo 55, apartado 25; Artículo 56, apartado 20 del Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 del Consejo de Ministros “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”

[13] Artículo 40 del Decreto Ley No. 272 de 16 de julio de 2010, “De la Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros”

[14] Artículo 6 inciso g) del Decreto Ley No. 196 de 15 de octubre de 1999, “Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno”

[15] Artículo 10 inciso p) del Decreto Ley No. 257 de 4 de diciembre de 2007, “De los Consejos de Dirección de los Organismos de la Administración Central del Estado”

El ejercicio de la abogacía en Cuba

por la Lic. Laritza Diversent

Tradicionalmente, se llama abogado a la persona conocedora de las leyes de su país y que asume con profesionalidad la dirección y defensa de las partes, en toda clase de procesos o en el asesoramiento legal. Sin embargo, en el sistema jurídico cubano, se considera abogado, el jurista que es admitido dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

En Cuba, los Bufetes Colectivos se instituyeron en la década de los 70, época en que también se estableció el ejercicio de la abogacía como una categoría específica dentro del sistema legal.

La ONBC, actualmente es una entidad de carácter nacional, interés social y profesional[i]. Está integrada por juristas y su actividad está reglamentada legalmente por el Ministerio de Justicia, quien además la inspecciona, supervisa y controla[ii].

Para pertenecer a los Bufetes colectivos el profesional del derecho, entre otras exigencias, debe tener condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista y no pueden hallarse en el desempeño de funciones judiciales, fiscales, administrativas o de arbitraje[iii].

El estado también estableció legalmente los casos en que permitiría, a un letrado, ejercer la abogacía, sin ser admitido por la ONBC. En ese supuesto se encuentran los juristas que reciban autorización expresa del Ministerio de Justicia o representen a una entidad estatal, cooperativa, organización social y de masas, sociedades civiles donde presten sus servicios; o sus dirigentes cuando se trate de hechos relativos a las funciones de su cargo[iv].

También se puede ejercer la abogacía sin ser parte de los ONBC, cuando el letrado asuma la representación de asuntos relacionados con sus propios derechos, de su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Se incluye en estos casos los profesionales que ejerzan la docencia en facultades de derecho[v] 

Los usuarios de los bufetes colectivos pueden designar y contratar al abogado de su preferencia. Aunque, legalmente, están regulados los diferentes servicios jurídicos que prestan los letrados, así como el pago de sus honorarios y los casos en que podrá rebajarse dicha tarifa o eximirse al cliente totalmente de ella[vi].

Cada bufete colectivo tiene un Director, que entre otras funciones, da su visto bueno a los contratos de servicios jurídicos y autoriza la prestación gratuita de servicios. También está legalmente reguladas las causas que pueden alegar los abogados para excusarse o renunciar la atención de asuntos, pero su jefe decide si procede o no[vii].

Los abogados, de forma general, ejercen su función jurídica en todo el territorio nacional, independientemente del bufete al que pertenezcan. Asesoran y representan a las personas o entidades, en cuanto a sus derechos y obligaciones, y en procesos judiciales. También evacúan consultas legales, emiten dictámenes y redactan documentos de carácter técnico-jurídico y ejercer las defensas penales de oficio de acuerdo a la legislación[viii].

La práctica de la abogacía en el sistema judicial se divide en procesos penales, civiles, administrativos, económicos y laborales. En cuanto a la actividad asesoran y representativa de los individuos, específicamente en el tema del ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, poco puede hacer los abogados, debido a las complejidades del sistema jurídico cubano.

Para entenderlo debemos comenzar por su fuente fundamental, la Constitución Estatal, promulgada el 24 de febrero de 1976 y que de forma general, define al país como un Estado unitario y centralizado, sistema político monopartidista e irrevocable y de economía socialista.

La Constitución cubana trata el tema de los derechos ciudadanos parcamente. Preceptos que deben estar incluido en la parte dogmática, el capítulo dedicado a los derechos fundamentales[ix], se dispersan por otras secciones del texto como la de ‘Igualdad’, ‘Familia’ o “Educación y Cultura”.  En esa situación se encuentra el derecho al voto[x], a exigir cuenta a los representantes populares[xi], a poder revocarlos en todo momento[xii], etc.

Esta dispersión jurídica reduce legalmente los espacios vitales de desenvolvimiento de los ciudadanos en la vida sociopolítica, y subvaloran los derechos que determinan las relaciones de los individuos con el Estado, principalmente los derechos políticos. Luego, estos temas están totalmente ausentes en las agendas de los abogados de bufete. De hecho es difícil encontrar, un individuo u organización social interesada en ese tópico.

En la Constitución cubana tampoco se reconoce el conjunto de prerrogativas que conforman el Corpus Normativo Internacional de los Derechos Humanos, ni contiene una cláusula que permita interpretar que las libertades no reconocidas expresamente en el texto, tengan vigencia en el ordenamiento legal.

Significa que ningún abogado puede, en defensa de un individuo que el Ministerio del Interior le negó el entrar del país, alegar violación del derecho de libre circulación, porque no está reconocido constitucionalmente. Por otra parte, en el texto supremo del Estado cubano, tampoco se regula ninguna garantía judicial, como recurso ante un tribunal, que ampare a los ciudadanos contra actos violatorios de sus derechos.

Estas insuficiencias provocan indefensión y un total desconocimiento de los individuos sobre las prerrogativas que disfrutan. Sin embargo, lo más preocupante en el tema del ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de los cubanos, es el carácter de ley política que posee la Constitución Estatal. Una característica que se traduce en la imposibilidad de interpretarla, y en consecuencia, aplicar sus preceptos directamente.

Significa que la eficacia constitucional depende de la promulgación de leyes que amplíe su contenido. Sus preceptos son normas principios que se aplican indirectamente por medio de la puesta en vigor, de disposiciones normativas emitidas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quien la propia Constitución, reconoce y atribuye la soberanía parlamentaria[xiii] .

Consecuentemente se impone la vigencia del principio de legalidad dentro del sistema. Luego son objeto de interpretación judicial, solo las leyes emitidas por el Parlamento, las normas de mayor rango y fuerza normativa dentro del ordenamiento jurídico. El texto constitucional no se interpreta, pero muchos de sus principios constitucionales bases, no se han instrumentados jurídicamente, sobre todo, los relacionados con los derechos fundamentales de los isleños.

Las expresiones “serán regulados por la ley”, “la ley regulará” en la Carta Magna[xiv], constituyen un mandato de acción para el legislativo. Sin embargo, el Parlamento Cubano ignora las referencias, incumpliendo su obligación de regular los espacios sociales, económicos y políticos de los individuos, sobre los cuales la Constitución determinó principios y dejó sus detalles a las leyes de desarrollo, produciéndose una inconstitucionalidad por omisión.

Luego la técnica de delegar en el legislativo la responsabilidad de poner en vigor disposiciones jurídicas que amplíen los contenidos constitucionales, en la práctica impide la plena eficacia de la Ley de Leyes y el ejercicio y defensa de los derechos que de ella se deriva. Principalmente porque no se puede hacer valer frente a un gobierno, que tiene el poder absoluto, sin ningún tipo de límite legal.

La Constitución cubana no tiene reserva de ley que imponga límites a las actuaciones de los órganos superiores estatales (sistema de frenos y contrapesos). Luego las leyes que desarrollan y complementan la preceptiva constitucional, se convierten en el marco legal dentro del cual, los órganos del Estado, deben encuadrar sus actos.

En este sentido cobra gran importancia el poder judicial, que sería el encargado de ejecutar y aplicar imparcialmente las normas, someter a los poderes públicos al cumplimiento de la ley; controlar la legalidad de la actuación administrativa; ofrecer a todas las personas la tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

En Cuba, la función judicial está a cargo del Tribunal Supremo Popular (TSP), pero este no está calificado como un órgano superior del Estado[xv]. Significa que no tiene la exclusividad y unidad de la jurisdicción. En otras palabras, otro órgano estatal, que no es un único cuerpo de jueces, ejerce funciones judiciales.

Por ejemplo, la interpretación general y obligatoria de las leyes vigentes, es una atribución del Consejo de Estado. El parlamento decide sobre la constitucionalidad de las leyes que el mismo emite, de los decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales y revoca además las disposiciones jurídicas que contradigan la ley suprema nacional[xvi].

El Consejo de Estado puede suspender las decisiones del Consejo de Ministro y de las asambleas y órganos locales del Poder Popular, cuando no se ajusten a la Constitución o las Leyes. También Imparte instrucciones a los tribunales y a la fiscalías, lo que convierte al poder judicial totalmente dependiente de un órgano político[xvii].

Resulta inadecuado entonces que, un abogado, en su alegato de defensa, argumente violación de un derecho reconocido en la constitución, porque ningún tribunal de justicia en Cuba, puede decidir en materia de constitucionalidad de las leyes, ni puede con su acción jurisdiccional ordinaria, condicionar y orientar las acciones de gobierno y la legislativa.

En otras palabras, el poder judicial está prácticamente anulado y con él, el Estado de Derecho. Implica que los órganos estatales superiores, Asamblea Nacional y los Consejos de Estado y de Ministros, sean irresponsables ante los excesos de gobierno. En consecuencia, las violaciones de la constitución, y de los derechos ciudadanos en ellas contenidos, no pueden esgrimirse frente al Estado, en un tribunal de justicia.

Frente a esta situación poco o nada pueden hacer los abogados cubanos. Aunque el estado reconoce que el ejercicio de la abogacía es libre y que son independiente y sólo debe obediencia a la ley. Lo cierto es que para ejercer la profesión, dependen totalmente del sistema estatal.

Antes del triunfo de la revolución, en 1909[xviii], existía un Registro de Abogados que aprobaba el Tribunal Supremo para ejercer la profesión, pero en 1966, se transfirió al Ministerio de Justicia[xix]. En 1989 cambió su nombre por el de Registro General de Juristas[xx] y en el 2000, el Estado estableció la inscripción de los profesionales del derecho, como requisito obligatorio para desempeñar un cargo u ocupación, que requiera ser graduado en la especialidad[xxi].

A partir de ese momento, los órganos y entidades estatales, se les impuso la obligación de solicitar al letrado que contrataran, una certificación de su inscripción en el registro, además de informar al Ministerio de Justicia los juristas que desempeñen sus funciones en sus instituciones. Desde entonces es difícil ejercer la profesión sin vínculos directos con el sistema estatal[xxii].

En Cuba, los profesionales no pueden ejercer el trabajo por cuenta propia en la especialidad que se graduaron. Tampoco está reconocida como una actividad cuentapropista, el asesoramiento y consulta legal, únicas acciones que puede realizar un letrado de forma independiente. Los pocos que toman esa decisión, tienen que hacerlo de forma gratuita. También es difícil que se asocien de forma autónoma. Los trámites exigidos para legalizar una ONG, aseguran al Estado un control absoluto sobre esta.

A estas limitaciones también se suma la dependencia económica. El abogado que no trabaje con el estado tampoco gana. Para sobrevivir, en un sistema donde la crisis económica es permanente, cobran honorarios extra, aun cuando el reglamento del ejercicio de la abogacía, entre otras causales, considera falta grave cobrar honorarios no establecidos o superiores a los aprobados oficialmente, sean en efectivo o en especie[xxiii]. En esas condiciones se impone, en el ejercicio de la abogacía en Cuba, la doble moral y con ella la sumisión total al sistema.

Bibliografía

Asamblea Nacional. (24 de Febrero de 1976). Constitucion de la Republica. Cuba.

Consejo de Estado. (1ro de febrero de 2000). Decreto Ley No. 206 ·Registro General de Juristas” de 28 de enero del 2000. Gaceta Oficial de la República (11) , Ordinaria, 161. La Habana, Cuba.

Consejo de Estado. (1984). Decreto-Ley Numero 81 “Sobre el ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos” de 8 de junio de 1984. Gaceta Oficial de La República . La Habana, Cuba.

Ministerio de Justicia. (14 de junio de 2000). Resolución No. 101 “Reglamento del registro General de Juristas” de 8 de junio de 2000. Gaceta Ofiical de la República (53) , Ordinaria, 1144. La Habana, Cuba.

Ministerio de Justicia. (1984). Resolución No. 142/84 “Reglamento sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional De Bufetes Colectivos”. Gaceta Oficial Especial . La Habana, Cuba.

Ministerio de Justicia. (22 de septiembre de 2003). Resolución No. 196 “Modificativa del Reglamento del Registro General de Jurista” de 23 de junio de 2003. Gaceta Oficial de la República (38) , Ordinaria , 599. la Habana, Cuba.

 

[i] Ley No. 1250 “De Organización del Sistema Judicial” dictada el 23 de junio de 1973, que fue derogada por la Ley No. 4 de 10 de agosto de 1977, pero se ratificó la institución de los Bufetes Colectivos y la categoría específica de los abogados.

[ii]Decreto-Ley No. 81 “sobre el ejercicio de la abogacía y la organización Nacional de Bufetes Colectivos” de 8 de junio de 1984.

[iii] Artículo 16, ídem.

[iv] Artículo 4, ídem.

[v] Ídem.

[vi] Articulo 20 y 22, ídem.

[vii] Articulo 14 y 23

[viii] Artículo 18, ídem.

[ix] Capítulo VII, artículos del 45 al 66 de la Constitución de la República de Cuba.

[x] Artículo 132, ídem.

[xi] Artículo 114, inciso c, ídem.

[xii] Artículo 112, ídem.

[xiii] Artículo 3 y 69, ídem.

[xiv] Artículo 29 inciso ch, 32, 33, 42, 53, 55, ídem.

[xv] Capítulo X “Órganos Superiores del Poder Popular”, artículos del 69 al 101, ídem.

[xvi] Artículo 75, inciso c, Articulo 90 Inciso ch, ídem.

[xvii] Artículo 90 Inciso h, ñ y o, ídem.

[xviii] Decreto No. 127 de 27 de enero de 1909 “Ley Orgánica del Poder Judicial”

[xix] Ley No. 1189 de 25 de abril de 1966

[xx] Decreto-Ley No. 117 de 19 de octubre de 1989

[xxi] Primer y segundo “Por Cuanto” y Artículo 6 del Decreto-Ley No. 206 enero de 2000, que derogó la Ley No. 1189 de 25 de abril de 1966

[xxii] Artículo 45 de la Resolución No. 101 “Reglamento del registro General de Juristas” de 8 de junio de 2000

[xxiii]Artículo 59.3 inciso c, Resolución No. 142/84 “Reglamento sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional De Bufetes Colectivos”

 

 

 

 

Nuestro trabajo entre 2011 y 2013

El Centro de Información Legal Cubalex del 2011 al 2013, atendió más de 1700 solicitudes de asesoramiento legal formuladas por 731 personas. El 69 por ciento de las solicitudes fueron atendidas directamente por los abogados de Cubalex, en nuestra sede en La Habana. Aunque la oficina radica en La Habana recibimos solicitudes de asesoría de personas que residen en otras provincias del país, quienes incluso se han trasladado hacia nuestra sede para recibir la atención.


 

También logramos más alcance a través de los talleres de educación y seguridad jurídica que impartimos a lo largo de la isla, principalmente a grupos de la sociedad civil que se encuentran en situación de riesgo por su posición política.

Cubalex es una organización pionera en la isla en lo que respecta a la interacción con organismos internacionales y regionales para la denuncia de violaciones de derechos humanos y protección de grupos vulnerables de la sociedad civil, como mujeres, niños, afrodescendientes, discapacitados, reclusos, entre otros.

Desde mediados de 2012 atendimos más de 360 casos sobre violación de los derechos civiles y políticos, los que comunicamos a relatores de Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Oficina del Alto Comisionado y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo año Solicitamos 20 medidas cautelares. Nos fueron 4 entre ella la de las Damas de Blanco, brinda protección a más de 230 mujeres defensoras de derechos humanos. Mantenemos estrecha relación con la CIDH a través del flujo continuo de información sobre nuestros casos y la solicitud de audiencias temáticas para abordar el tema de los derechos humanos en Cuba.

A partir del 2013 comenzamos a visualizar más la situación de los grupos vulnerables en Cuba. Pues solo en ese año atendimos más de 309 mujeres, y en el caso particular de los reclusos, duplicamos la atención de los años 2011 y 2012, llegando a la cifra total de 160 casos de violación de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y acceso a la justicia. Hemos atendido 18 casos de personas con discapacidad, 9 casos de mujeres víctimas de violencia de género, sin contar la atención al grupo de Damas de Blanco.

Estamos atentos a los procedimientos internacionales con respecto a Cuba y los derechos humanos. En el 2012 sometimos AL Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre Cuba, para el Examen Periódico Universal que se celebró en mayo de 2013. En el 2013 enviamos y defendimos personalmente en Ginebra, ante el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un informe sombra que reflejó un análisis de la situación de discriminación y violencia que sufre la mujer en Cuba.

Discriminación Racial e Intolerancia

Jornada cívico (7): Viernes 14 de marzo (5.30 pm – 8:30 pm)

Académicos y activistas analizan el vínculo entre la intolerancia cultural y política con la discriminación racial

Salón de Conferencias 7128 (Edificio 7, Planta baja) del Wolfson Campus del Miami Dade College. 300NE 2nd Avenue. Miami

No faltes!!!

Resultados de Cubalex en el año 2011

El Centro de Información Legal Cubalex en el 2011,  atendió 109 solicitudes de asesoramiento legal  y formo 86 nuevos Expedientes.  En este periodo, de los 109 casos radicados, 23 solicitaron por segunda vez nuestros servicios.  La oficina da un número de expediente a cada persona que solicita sus servicios y si esta vuelve a requerir nuestro trabajo, mantiene el mismo número, pero con un subíndice denominado con letra, ej. 1-A.

De los casos radicados solicitaron nuestros servicios personalmente 51, por vía telefónica o SMS 4, por correo electrónico o Internet 28, y a través de organizaciones independiente de la sociedad civil 23. De oficio la oficina radicó 3 expedientes. La oficina, como promedio demoró 17 días en dar respuesta a los ciudadanos que solicitan sus servicios. De las solicitudes recibidas 21 fueron realizadas por disidentes, 27 por personas recluidas, 58 por personas que aparentemente no tenían motivaciones políticas.

De los casos radicados, 42 solicitaron asesoramiento en materia penal, en materia de Vivienda 20,  en el tema migratorio 13, en materia laboral y de seguridad Social 4, en materia constitucional 4, en materia de familia 2. Al menos una de las solicitudes se refirió al tema del ejercicio de la abogacía e cuba, derechos aduanales del estado cubano, regulaciones sobre la instalación y uso de las antenas satelitales, al asilo político, al derecho al honor, al derecho de asociación, a la protección de los animales.

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Nuestras Metas

La mayoría de los ciudadanos cubanos desconocen el sistema jurídico imperante en la Isla y los procesos que deben realizar para ejercer una determinada acción legal, sea en materia civil, penal, administrativa, de familia, etc., principalmente aquellos que se relacionan con sus derechos civiles y políticos. Frecuentemente son víctimas de la aplicación arbitraria y selectiva de la ley.

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El Centro de Información Legal “Cubalex” pretende aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba, así como la capacidad de autodefensa de los disidentes, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes residentes dentro o fuera del territorio nacional, que soliciten sus servicios.

Cubalex ofrece a sus clientes información detallada sobre el ordenamiento legal cubano, las normas jurídicas que se aplican a su caso y los procedimientos en cuestión a seguir ante las instituciones gubernamentales, regionales o internacionales.

El Centro de Información Legal también aspira ser una organización de referencia especializada en la denuncia de violaciones de derechos humanos en la isla, de manera profesional, legal y efectiva, en pos de revertir la reputación del Gobierno cubano en materia de derechos humanos tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia la oficina tiene como acciones fundamentales las siguientes:

  • Aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba.
  • Aumentar el nivel de conocimiento y entendimiento entre los activistas pro-democráticos sobre las leyes cubanas e internacional, especialmente en materia de derechos humanos.