Los riegos de defender los derechos humanos en Cuba

En los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, el Estado cubano rechazó 32 recomendaciones que lo exhortaban a poner fin a la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y levantar las restricciones que impiden la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

Miembros del Consejo de Derechos Humanos le sugirieron asegurar a las mismas, un entorno seguro, libre e independiente, para realizar sus actividades, sin riesgo de acoso, intimidación, persecución o violencia.

Le recomendaron que se abstuviese de abusar de las disposiciones penales, para  reprimirlas y hostigarlas.  Además que adoptara todas las medidas necesarias, incluido un examen de su legislación, para asegurar que todos los casos de agresiones contra ellas, fuesen investigados por órganos independientes e imparciales.

El Estado cubano objetó estas recomendaciones, bajo el argumento de que eran incompatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación; porque las mismas ponían en práctica una política concebida por una superpotencia extranjera, con el objetivo de destruir su sistema político, económico, y social.

No obstante, el gobierno alega que en el país, los defensores de los derechos humanos son protegidos, en condiciones de igualdad y actúan con total libertad y sin restricción alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Agrega que estos son los millones de personas que en Cuba están agrupadas en miles de organizaciones, y que cuentan con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos. No necesitan, protección distinta a la de cualquier persona con ciudadanía cubana. No son objeto de amenaza, no corren peligro, ni enfrentan la eventualidad de acto violatorio alguno por el desarrollo de sus actividades.

Cuba niega el trabajo de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil informal 

La defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo depende del trabajo en el terreno que realizan las organizaciones de la sociedad civil, documentando violaciones de derechos humanos.

No importa si el contexto interno de un país es más o menos represivo, o si el régimen es más o menos democrático. La sociedad civil es la que vigila la aplicación e implementación universal y efectiva de los derechos humanos.

Estas organizaciones son mediadores entre los individuos y el Estado, y un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias y el Estado de Derecho. Sin sociedad civil, no hay Estado legítimo.

Lamentablemente sus miembros, a menudo se exponen a peligros. Muchas veces son torturados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, incluso asesinados. Están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, por las restricciones indebidas a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación

De los 43 mandatos temáticos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los relatores que se ocupan del ejercicio de los derechos antes mencionados, son quienes más comunicaciones envían a los Estados. Cuba no es la excepción. Estas relatorías fueron las que más comunicaciones les enviaron, ya sea de manera individual o en forma conjunta, entre 2011 y 2016.  

Sin embargo, el Estado cubano discrepa de la caracterización que realizan los relatores sobre las personas que integran las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba. Consideran inadmisible que internacionalmente las reconozcan como tal y parte de la sociedad civil cubana.

Agrega que tienen como objetivo, transgredir abiertamente las leyes, socavar, subvertir y destruir el sistema político y social, el ordenamiento jurídico y constitucional interno, establecido de forma soberana por la nación cubana, actuando en contra de los propósitos y principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre derecho humanos.

Asegura que transitaron de invasores a terroristas, y se escudan bajo el manto de defensores  de derechos humanos. Afirma que reciben financiamiento proveniente del gobierno de Estados Unidos, para fabricar pretextos que justifiquen su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba.

El gobierno niega el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil informal, mediante el descrédito, para aumentar su situación de vulnerabilidad. 

Cubalex sigue recomendaciones del EPU a Cuba

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Recientemente el Estado cubano fue electo miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), un hecho que celebró en los medios oficiales de comunicación. Además  informó que se preparaba para elaborar el informe nacional al Tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un mecanismo establecido por el CDH, al que se someten los 192 Estados de Naciones Unidas. Tiene como objetivo, revisar a través de un dialogo interestatal, el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. Se realiza cada 4 años y medios.

Hasta la fecha se han realizado dos ciclos. El tercero comienza en abril de 2017. Cuba fue examinada en 2009 y 2013. En noviembre de 2016 comenzó la consulta para elaborar el informe nacional que debe presentar al CDH en febrero de 2018.  Entre los meses de abril y mayo de ese mismo año, será examinada.

Cubalex acoge con beneplácito que el Estado cubano reitere su apoyo incondicional a este mecanismo. En ambos periodos recibió 381 recomendaciones formuladas al menos por 132 países. Aceptó y se comprometió a implementar el 76% de ellas. Tomó nota del 15% y rechazo el 8%.

No obstante lamenta, que el gobierno no invitara a las organizaciones no registradas, a participar en el proceso de consulta que se inició en noviembre de 2016, para la elaboración su informe nacional al Tercer Periodo del EPU.

En 2013 el gobierno se comprometió a adoptar medidas positivas para promover la participación efectiva de las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de la sociedad civil en la adopción de legislación para promover los derechos humanos.

Cubalex tiene a bien recordarle al Estado su compromiso en continuar esforzándose para mantener un diálogo franco, recíproco y genuino en temas de derechos humanos, sobre la base del respeto a la dignidad.

Ese dialogo debe ser primeramente con los cubanos, especialmente con toda la sociedad civil. En ese sentido, le reiteramos nuestra disposición a dialogar y nuestro interés en colaborar en el seguimiento de las recomendaciones aceptadas.

Cuba, el EPU y la participación de la sociedad Civil

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El Estado cubano inició en este mes de noviembre consultas para elaborar el informe nacional al Tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Cuba fue examinada por este mecanismo en 2009 y 2013 y alegó que había consultado directamente a ministerios, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.

En los dos EPU anteriores, al menos 7 países recomendaron al Estado Cubano promover ampliamente los resultados de los mismos y establecer un mecanismo interinstitucional, con la participación amplia e inclusiva de toda la sociedad civil. El gobierno aceptó la recomendación.

Además se comprometió a celebrar consultas periódicas e integradoras con la sociedad civil en el proceso de seguimiento de las recomendaciones dimanantes de este mecanismo y en la preparación del informe nacional.

Supuestamente un Grupo Nacional creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, facilita el seguimiento a las recomendaciones aceptadas. Organizaciones comprometidas con el gobierno, confirmaron su participación en la elaboración de los proyecto de informe nacional.

Alegaron además que la sociedad civil de Cuba está integrada por más de 2.000 ONG, incluida las sociales y de masas creadas por ley. Por el contrario, organizaciones independientes que trabajan en la defensa de los derechos humanos, indicaron fueron excluidas de este proceso.

La oficina del Alto Comisionado también elabora un informe para el EPU con las contribuciones de la Sociedad civil del Estado examinado y de otros países. En 2009 recibió comunicaciones presentadas por 326 interlocutores, y en el 2013 por 454. En ambos exámenes contribuyeron ONG de 96 países, un 50% de las naciones registradas en la ONU

Las organizaciones afines al gobierno afirmaron que la mayoría de las recomendaciones emanadas del primer ciclo fueron cumplidas. Las independientes y no reconocidas, alegaron que Cuba no estableció mecanismo para la participación de la sociedad civil, en el seguimiento de las recomendaciones aceptadas, ni difundió los resultados del examen.

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