Los riegos de defender los derechos humanos en Cuba

En los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, el Estado cubano rechazó 32 recomendaciones que lo exhortaban a poner fin a la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y levantar las restricciones que impiden la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

Miembros del Consejo de Derechos Humanos le sugirieron asegurar a las mismas, un entorno seguro, libre e independiente, para realizar sus actividades, sin riesgo de acoso, intimidación, persecución o violencia.

Le recomendaron que se abstuviese de abusar de las disposiciones penales, para  reprimirlas y hostigarlas.  Además que adoptara todas las medidas necesarias, incluido un examen de su legislación, para asegurar que todos los casos de agresiones contra ellas, fuesen investigados por órganos independientes e imparciales.

El Estado cubano objetó estas recomendaciones, bajo el argumento de que eran incompatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación; porque las mismas ponían en práctica una política concebida por una superpotencia extranjera, con el objetivo de destruir su sistema político, económico, y social.

No obstante, el gobierno alega que en el país, los defensores de los derechos humanos son protegidos, en condiciones de igualdad y actúan con total libertad y sin restricción alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Agrega que estos son los millones de personas que en Cuba están agrupadas en miles de organizaciones, y que cuentan con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos. No necesitan, protección distinta a la de cualquier persona con ciudadanía cubana. No son objeto de amenaza, no corren peligro, ni enfrentan la eventualidad de acto violatorio alguno por el desarrollo de sus actividades.

CIDH amplia medidas cautelares a favor de Cubalex

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El 14 de noviembre de 2016 mediante la  Resolución 56/2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), amplió la Medida Cautelar No. 96-15 otorgada el 22 de abril de 2015 a favor de miembros individualizados de nuestra organización, para extenderla al total de sus integrantes.

En su resolución la CIDH solicitó al Estado de Cuba que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de Cubalex; y desarrollar nuestras actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos.

Además le sugirió que concertara con nuestra organización las medidas de protección y le informara sobre la investigación de los hechos que dieron lugar a la adopción y ampliación de la medida cautelar, para así evitar su repetición.

La Comisión otorgó y amplió la medida cautelar para prevenir que los riesgos o amenazas inminentes  a nuestro derecho a la vida e integridad personal se materialicen, derechos que por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

La CIDH desde el otorgamiento inicial de las medidas cautelares, sistemáticamente recibió de nuestra parte información sobre el incremento gradual de actos de violencia, hostigamientos y amenazas, contra nuestro equipo por la labor de defensa y promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, que se agravaron después de los hechos del 23 de septiembre de 2016.

La CIDH reconoció la situación de desprotección en la que nos encontramos. Hasta la fecha las autoridades estatales no han implementado ningún tipo de medidas de protección en nuestro favor. Por el contrario,  son los principales responsables de los actos de hostigamiento que hemos sufrido.

La CIDH hizo énfasis en el contexto específico de hostigamientos que enfrentan personas defensoras de derechos humanos en Cuba, motivo de preocupación tanto en el ámbito de Naciones Unidas, como en el sistema interamericano.

Durante 2016, el órgano emitió dos comunicados de prensa instando al Estado cubano a cesar las acciones de hostigamiento y represalias contra Cubalex y a asegurar de manera efectiva que los integrantes de nuestra organización puedan ejercer sus derechos y la defensa de derechos humanos libre de interferencias indebidas.

La Comisión Interamericana alega que ha solicitado información para conocer la posición del Estado sobre la implementación de las medidas de protección a favor de los beneficiarios y sus observaciones sobre los informes aportado por los solicitantes. Lamentablemente hasta la fecha el Estado cubano no ha respondido. No obstante, insiste en que el estado le informe periódicamente sobre nuestra situación.

La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

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