La discriminación de una sociedad civil diferente

El Estado cubano no niega su existencia. Al tiempo que reconoce una parte de la sociedad civil ella, criminaliza y deslegitima el trabajo de las organizaciones que han surgido espontáneamente y son autónomas.

Afirma que las personas defensoras de derechos humanos están masivamente agrupadas en las miles de organizaciones de reconocida trayectoria a nivel nacional.

Sin embargo, omite que sus liderazgos ocupan cargos dentro de la estructura del único partido reconocido y puestos en el aparato estatal.

Por el contrario, los grupos que dentro de la sociedad civil surgen espontáneamente y sus miembros tengan una opinión política o de otra índole en contra de los intereses de la élite política, son discriminados.

Les niega el derecho a registrarse, obligándolos a operar informalmente.

Los acusa de mercenarios y terroristas porque reciben financiamiento principalmente del gobierno de los Estados Unidos, y por ende, de atentar contra los derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación.

Lamentablemente, la Constitución de la República excluye la opinión política o de otra índole como motivo de discriminación. 

Los riegos de defender los derechos humanos en Cuba

En los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, el Estado cubano rechazó 32 recomendaciones que lo exhortaban a poner fin a la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y levantar las restricciones que impiden la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

Miembros del Consejo de Derechos Humanos le sugirieron asegurar a las mismas, un entorno seguro, libre e independiente, para realizar sus actividades, sin riesgo de acoso, intimidación, persecución o violencia.

Le recomendaron que se abstuviese de abusar de las disposiciones penales, para  reprimirlas y hostigarlas.  Además que adoptara todas las medidas necesarias, incluido un examen de su legislación, para asegurar que todos los casos de agresiones contra ellas, fuesen investigados por órganos independientes e imparciales.

El Estado cubano objetó estas recomendaciones, bajo el argumento de que eran incompatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación; porque las mismas ponían en práctica una política concebida por una superpotencia extranjera, con el objetivo de destruir su sistema político, económico, y social.

No obstante, el gobierno alega que en el país, los defensores de los derechos humanos son protegidos, en condiciones de igualdad y actúan con total libertad y sin restricción alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Agrega que estos son los millones de personas que en Cuba están agrupadas en miles de organizaciones, y que cuentan con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos. No necesitan, protección distinta a la de cualquier persona con ciudadanía cubana. No son objeto de amenaza, no corren peligro, ni enfrentan la eventualidad de acto violatorio alguno por el desarrollo de sus actividades.

Cuba niega el trabajo de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil informal 

La defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo depende del trabajo en el terreno que realizan las organizaciones de la sociedad civil, documentando violaciones de derechos humanos.

No importa si el contexto interno de un país es más o menos represivo, o si el régimen es más o menos democrático. La sociedad civil es la que vigila la aplicación e implementación universal y efectiva de los derechos humanos.

Estas organizaciones son mediadores entre los individuos y el Estado, y un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias y el Estado de Derecho. Sin sociedad civil, no hay Estado legítimo.

Lamentablemente sus miembros, a menudo se exponen a peligros. Muchas veces son torturados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, incluso asesinados. Están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, por las restricciones indebidas a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación

De los 43 mandatos temáticos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los relatores que se ocupan del ejercicio de los derechos antes mencionados, son quienes más comunicaciones envían a los Estados. Cuba no es la excepción. Estas relatorías fueron las que más comunicaciones les enviaron, ya sea de manera individual o en forma conjunta, entre 2011 y 2016.  

Sin embargo, el Estado cubano discrepa de la caracterización que realizan los relatores sobre las personas que integran las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba. Consideran inadmisible que internacionalmente las reconozcan como tal y parte de la sociedad civil cubana.

Agrega que tienen como objetivo, transgredir abiertamente las leyes, socavar, subvertir y destruir el sistema político y social, el ordenamiento jurídico y constitucional interno, establecido de forma soberana por la nación cubana, actuando en contra de los propósitos y principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre derecho humanos.

Asegura que transitaron de invasores a terroristas, y se escudan bajo el manto de defensores  de derechos humanos. Afirma que reciben financiamiento proveniente del gobierno de Estados Unidos, para fabricar pretextos que justifiquen su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba.

El gobierno niega el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil informal, mediante el descrédito, para aumentar su situación de vulnerabilidad. 

Cubalex condena actos de hostigamientos contra movimiento político Somos+

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Cubalex denuncia y condena la utilización de la ley por parte de las autoridades cubanas como arma de represión contra organizaciones independientes de la sociedad civil, especialmente contra el movimiento político Somos +.

Efectivos de la seguridad advirtieron a Joanna Columbie, Directora de la Academia 1010 de la organización, que no podía realizar actividades de formación sin licencia. Además impidieron  a varios de sus miembros participar en reuniones programadas a partir del pasado 20 de noviembre.

El gobierno utiliza normas legales relacionadas con el trabajo por cuenta propia para justificar su nueva ola represiva contra opositores políticos, abogados, activistas y periodistas, que individualmente o integrados en organizaciones no registradas, trabajaban en defensa de los derechos civiles y políticos.

Nuestra organización, el pasado 23 de septiembre, fue víctima de un ilegal allanamiento y decomiso de sus medios de trabajo. Cinco instituciones del estado penetraron en nuestra sede, bajo la justificación de que no teníamos licencia para ofrecer asesoría legal gratuita y realizábamos una actividad económica ilícita.

Órganos de tratado, Grupos de Trabajo y Relatores Especiales de Naciones Unidas han expresado su preocupación por las privaciones arbitrarias de la libertad, persecución, tortura, tratos degradantes y creciente violencia contra defensores de los derechos humanos. Solicitaron al Gobierno, remedie esa situación, que persiste hasta la fecha y se incrementa.

Al menos 6 integrantes de Somos + resultaron detenidos arbitrariamente y  4 de ellos deportados a sus provincias de residencia. Las autoridades aplicaron el Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana”, que restringe la libertad de circulación a cubanos.

Este ordenamiento exige solicitar permiso a autoridades administrativas para permanecer en la capital por más de 30 días. Las autoridades ejercen arbitrariamente su poder, arrestan y deportan a su lugar de origen, a quienes no tengan dirección legal reconocida en la Habana. El decreto es utilizado especialmente para impedir la movilidad a defensores de derechos humanos.

Cubalex insiste recordar al Estado cubano sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como el compromiso asumido ante el Consejo de Derechos Humanos que actualmente integra. En los Exámenes Periódicos Universal de 2009 y 2013, Cuba aceptó recomendaciones relacionadas con el goce efectivo del derecho de igualdad y no discriminación.

Se comprometió a continuar con actividades positivas para eliminar, de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales, todas las formas de discriminación, seguir reforzando su política para promover el desarrollo y disfrute de los derechos humanos por todos los cubanos, y asegurar la plena igualdad de todos sus ciudadanos.

CIDH amplia medidas cautelares a favor de Cubalex

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El 14 de noviembre de 2016 mediante la  Resolución 56/2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), amplió la Medida Cautelar No. 96-15 otorgada el 22 de abril de 2015 a favor de miembros individualizados de nuestra organización, para extenderla al total de sus integrantes.

En su resolución la CIDH solicitó al Estado de Cuba que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de Cubalex; y desarrollar nuestras actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos.

Además le sugirió que concertara con nuestra organización las medidas de protección y le informara sobre la investigación de los hechos que dieron lugar a la adopción y ampliación de la medida cautelar, para así evitar su repetición.

La Comisión otorgó y amplió la medida cautelar para prevenir que los riesgos o amenazas inminentes  a nuestro derecho a la vida e integridad personal se materialicen, derechos que por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

La CIDH desde el otorgamiento inicial de las medidas cautelares, sistemáticamente recibió de nuestra parte información sobre el incremento gradual de actos de violencia, hostigamientos y amenazas, contra nuestro equipo por la labor de defensa y promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, que se agravaron después de los hechos del 23 de septiembre de 2016.

La CIDH reconoció la situación de desprotección en la que nos encontramos. Hasta la fecha las autoridades estatales no han implementado ningún tipo de medidas de protección en nuestro favor. Por el contrario,  son los principales responsables de los actos de hostigamiento que hemos sufrido.

La CIDH hizo énfasis en el contexto específico de hostigamientos que enfrentan personas defensoras de derechos humanos en Cuba, motivo de preocupación tanto en el ámbito de Naciones Unidas, como en el sistema interamericano.

Durante 2016, el órgano emitió dos comunicados de prensa instando al Estado cubano a cesar las acciones de hostigamiento y represalias contra Cubalex y a asegurar de manera efectiva que los integrantes de nuestra organización puedan ejercer sus derechos y la defensa de derechos humanos libre de interferencias indebidas.

La Comisión Interamericana alega que ha solicitado información para conocer la posición del Estado sobre la implementación de las medidas de protección a favor de los beneficiarios y sus observaciones sobre los informes aportado por los solicitantes. Lamentablemente hasta la fecha el Estado cubano no ha respondido. No obstante, insiste en que el estado le informe periódicamente sobre nuestra situación.

La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

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