La discriminación de una sociedad civil diferente

El Estado cubano no niega su existencia. Al tiempo que reconoce una parte de la sociedad civil ella, criminaliza y deslegitima el trabajo de las organizaciones que han surgido espontáneamente y son autónomas.

Afirma que las personas defensoras de derechos humanos están masivamente agrupadas en las miles de organizaciones de reconocida trayectoria a nivel nacional.

Sin embargo, omite que sus liderazgos ocupan cargos dentro de la estructura del único partido reconocido y puestos en el aparato estatal.

Por el contrario, los grupos que dentro de la sociedad civil surgen espontáneamente y sus miembros tengan una opinión política o de otra índole en contra de los intereses de la élite política, son discriminados.

Les niega el derecho a registrarse, obligándolos a operar informalmente.

Los acusa de mercenarios y terroristas porque reciben financiamiento principalmente del gobierno de los Estados Unidos, y por ende, de atentar contra los derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación.

Lamentablemente, la Constitución de la República excluye la opinión política o de otra índole como motivo de discriminación. 

Los riegos de defender los derechos humanos en Cuba

En los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, el Estado cubano rechazó 32 recomendaciones que lo exhortaban a poner fin a la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y levantar las restricciones que impiden la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

Miembros del Consejo de Derechos Humanos le sugirieron asegurar a las mismas, un entorno seguro, libre e independiente, para realizar sus actividades, sin riesgo de acoso, intimidación, persecución o violencia.

Le recomendaron que se abstuviese de abusar de las disposiciones penales, para  reprimirlas y hostigarlas.  Además que adoptara todas las medidas necesarias, incluido un examen de su legislación, para asegurar que todos los casos de agresiones contra ellas, fuesen investigados por órganos independientes e imparciales.

El Estado cubano objetó estas recomendaciones, bajo el argumento de que eran incompatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación; porque las mismas ponían en práctica una política concebida por una superpotencia extranjera, con el objetivo de destruir su sistema político, económico, y social.

No obstante, el gobierno alega que en el país, los defensores de los derechos humanos son protegidos, en condiciones de igualdad y actúan con total libertad y sin restricción alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Agrega que estos son los millones de personas que en Cuba están agrupadas en miles de organizaciones, y que cuentan con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos. No necesitan, protección distinta a la de cualquier persona con ciudadanía cubana. No son objeto de amenaza, no corren peligro, ni enfrentan la eventualidad de acto violatorio alguno por el desarrollo de sus actividades.

Cuba niega el trabajo de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil informal 

La defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo depende del trabajo en el terreno que realizan las organizaciones de la sociedad civil, documentando violaciones de derechos humanos.

No importa si el contexto interno de un país es más o menos represivo, o si el régimen es más o menos democrático. La sociedad civil es la que vigila la aplicación e implementación universal y efectiva de los derechos humanos.

Estas organizaciones son mediadores entre los individuos y el Estado, y un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias y el Estado de Derecho. Sin sociedad civil, no hay Estado legítimo.

Lamentablemente sus miembros, a menudo se exponen a peligros. Muchas veces son torturados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, incluso asesinados. Están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, por las restricciones indebidas a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación

De los 43 mandatos temáticos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los relatores que se ocupan del ejercicio de los derechos antes mencionados, son quienes más comunicaciones envían a los Estados. Cuba no es la excepción. Estas relatorías fueron las que más comunicaciones les enviaron, ya sea de manera individual o en forma conjunta, entre 2011 y 2016.  

Sin embargo, el Estado cubano discrepa de la caracterización que realizan los relatores sobre las personas que integran las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba. Consideran inadmisible que internacionalmente las reconozcan como tal y parte de la sociedad civil cubana.

Agrega que tienen como objetivo, transgredir abiertamente las leyes, socavar, subvertir y destruir el sistema político y social, el ordenamiento jurídico y constitucional interno, establecido de forma soberana por la nación cubana, actuando en contra de los propósitos y principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre derecho humanos.

Asegura que transitaron de invasores a terroristas, y se escudan bajo el manto de defensores  de derechos humanos. Afirma que reciben financiamiento proveniente del gobierno de Estados Unidos, para fabricar pretextos que justifiquen su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba.

El gobierno niega el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil informal, mediante el descrédito, para aumentar su situación de vulnerabilidad.