Los riegos de defender los derechos humanos en Cuba

En los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, el Estado cubano rechazó 32 recomendaciones que lo exhortaban a poner fin a la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y levantar las restricciones que impiden la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

Miembros del Consejo de Derechos Humanos le sugirieron asegurar a las mismas, un entorno seguro, libre e independiente, para realizar sus actividades, sin riesgo de acoso, intimidación, persecución o violencia.

Le recomendaron que se abstuviese de abusar de las disposiciones penales, para  reprimirlas y hostigarlas.  Además que adoptara todas las medidas necesarias, incluido un examen de su legislación, para asegurar que todos los casos de agresiones contra ellas, fuesen investigados por órganos independientes e imparciales.

El Estado cubano objetó estas recomendaciones, bajo el argumento de que eran incompatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación; porque las mismas ponían en práctica una política concebida por una superpotencia extranjera, con el objetivo de destruir su sistema político, económico, y social.

No obstante, el gobierno alega que en el país, los defensores de los derechos humanos son protegidos, en condiciones de igualdad y actúan con total libertad y sin restricción alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Agrega que estos son los millones de personas que en Cuba están agrupadas en miles de organizaciones, y que cuentan con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos. No necesitan, protección distinta a la de cualquier persona con ciudadanía cubana. No son objeto de amenaza, no corren peligro, ni enfrentan la eventualidad de acto violatorio alguno por el desarrollo de sus actividades.

Cuba y sus compromisos en relación a los derechos de los reclusos

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Julio Ferrer Tamayo miembro de nuestra organización resultó detenido arbitrariamente el 23 de septiembre de 2016. Lo trasladaron a la Unidad de la policía ubicada en la calle Zanja, Centro Habana,  donde estuvo por 7 días.

Durante ese tiempo, las autoridades nunca registraron su arresto, ni  le hicieron acta de detención.  Tampoco lo presentaron a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que según dijeron, lo reclamaba.

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos son estándares internacionales de obligatorio cumplimiento para todos los Estados. Cubalex recuerda al gobierno cubano su compromiso con los derechos humanos, en su condición de miembro del Consejo.

Según las Reglas mínimas en los lugares de detención deben llevar diariamente un registro con la identidad de las persona detenidas, los motivos de su arresto y la autoridad que lo dispuso, así como el día y la hora de ingreso y de salida. Advierten que ninguna persona podrá ser admitida en los mismos, sin una orden válida de detención.

Ferrer Tamayo alega que todos los calabozos de esa unidad policial están totalmente insalubres. El mal olor es insoportable. No tienen las más elementales condiciones para el aseo personal. “Los detenidos reciben allí el peor trato de los agentes policiales”, Agregó.

Los Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de reclusión, establecen que ninguna persona privada de libertad será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las Reglas mínimas además establecen que los locales de reclusión deberán satisfacer las exigencias de la higiene.

Un principio internacional establece que los Estado cuyas normas para la protección de las personas privadas de libertad, no estén a la altura de las Reglas mínimas deberá adoptarlas e incorporarlas en su legislación nacional y aplicarlas en la administración de las instituciones penales y correccionales.

Cubalex conmemora la intervención de Cuba en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) el 1º de mayo de 2013. En esa oportunidad  el Estado aceptó y se comprometió voluntariamente a implementar las 230 recomendaciones a nivel interno, formuladas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos.

En relación con los derechos de las personas privadas de libertad, Cuba aceptó 10 recomendaciones. Se comprometió a “promover principios de justicia equitativos y acordes con las normas internacionales, especialmente revisando la legislación sobre la detención preventiva y su aplicación”.

También se obligó a implementa las “medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona privada de libertad a acceder a un recurso inmediato, que le permita impugnar la legalidad de esa detención”.

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