Nuestra historia

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Cubalex una asociación sin fines de lucro. Se fundó el 10 de diciembre de 2010, en la Habana, Cuba. Esta registrada en los Estados Unidos desde junio de 2017, como organización caritativa, después que la mayoría de su Staff fuera forzado al exilio. Su misión es defender y promover los derechos humanos, como forma de transformación social para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba.

Nuestro Staff es altamente calificado. Nuestras abogadas son graduadas en universidades en Cuba y son máster en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Conocen el funcionamiento del sistema legal y los mecanismos de denuncia a nivel nacional e internacional. Tienen experiencia en la identificación y estudio de normas legales que regulan el ejercicio de los derechos humanos en Cuba, y la capacidad de realizar análisis de compatibilidad de estas con los estándares internacionales.

Sin embargo, en la isla, Cubalex nunca contó con reconocimiento del gobierno, y su equipo de trabajo enfrentó serias  limitaciones para litigar en el sistema nacional. No podían representar a sus clientes ante los órganos del Estado y los Tribunales, que solo  aceptan a los contratos de servicios jurídicos de los abogados asociados a la Organización Nacional de Bufetes Colectivo (ONBC), única organización de juristas que reconoce el estado

Aun con estas limitaciones, durante 6 años la organización ofreció servicio de asesoría y asistencia legal gratuita dentro de Cuba, del cual se beneficiaron más de 4 mil personas. Mas del 70% de los casos atendidos fueron en materia penal, presentados la mayoría por familiares de personas privadas de libertad.

A través de su servicio de asistencia legal para la documentación de violaciones de derechos humanos, la organización interactuó con las autoridades nacionales por medio de elaboración de denuncias que eran presentadas por sus clientes a través del sistema interinstitucional de quejas y peticiones establecido en el derecho interno. La información obtenida en este proceso fue presentada en informes temáticos a organismos internacionales de derechos humanos a nivel regional e internacional.

La cooperación con instituciones internacionales fue razón suficiente para que el Estado cubano hostigara y reprimiera al Staff de Cubalex. Fueron desacreditados y las oficinas de la organización robadas y allanadas. Nos negaron el derecho a legalizarnos y registrarnos como ONG sin fines de lucro.

El 23 de septiembre de 2016, nos obligaron a suspender nuestras actividades, después que cinco instituciones del Estado allanaran nuestra sede, bajo el argumento que estábamos realizando una actividad económica ilícita. El staff de Cubalex se vio forzado a exiliarse ante la falta de garantías a su libertad y seguridad personal, así como la continuidad del trabajo de la organización.

Desde el exilio Cubalex aprovecha su experiencia y la expertica de su staff para continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en la isla. Mantenemos el desafío de elevar el récord de denuncias por violación de derechos humanos contra el gobierno cubano ante organismos internacionales.

Nuestro equipo de trabajo está enfocado en analizar, visibilizar y mitigar la situación de riesgos de las personas defensoras de derechos humanos, atendiendo al grado de vulnerabilidad o formas agravadas de discriminación, por ejemplo según el género, la orientación sexual, el color de la piel, etc.,

Desarrollamos herramientas de asesoría y asistencia legal para la documentación de violaciones de derechos humanos y presentación de denuncia a nivel nacional (agotamientos de la vía legal interna) e internacional, de forma directa e indirecta a través de la formación de capacidades en las organizaciones de la sociedad civil, especialmente la comprensión del contexto en el que operan y desarrollan su trabajo.

A través de la elaboración y presentación de informes temáticas que describan el contexto de violaciones de derechos humanos a nivel nacional, generamos información sobre el sistema legal y su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos, imprescindibles en los procesos de reforma y para una posible transición democrática en el país