Cuba: los compromisos internacionales y la libre determinación


Los miembros del Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, recomendaron, y Cuba aceptó promover, apoyar y respaldar las iniciativas en favor de los derechos de los estados a la igualdad soberana y el reconocimiento del derecho de todos los pueblos a elegir su propio sistema político, económico y social.

Cuba como muestra de su firme apoyo y compromiso a respaldar estos derecho, alegó dirige iniciativas específicas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos y organismos del Sistema de Naciones Unidas.

En ambos ciclos del EPU, el estado rechazó 32 recomendaciones bajo el argumento de que la defensa de la independencia, la soberanía nacional y la garantía del derecho de libre determinación al pueblo cubano, le obligaba a restringir el ejercicio de la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica, para protegerse de la amenaza que representa, la política concebida por una superpotencia extranjera.  

Afirma que el disfrute de sus derechos al desarrollo, la libre determinación y la paz, están amenazado por la política de hostilidad y el bloqueo económico, comercial y financiero, y agresiones aplicada durante más de 50 años por administraciones sucesivas de los Estados Unidos, situación que le obliga a imponer prioridades cambiantes según sean los requerimientos para la defensa eso derechos.

Ninguna de esas amenazas, justifica las restricciones indebidas a las libertades y derecho fundamentales.  Los Estados están en la obligación de cumplir de buena fe sus obligaciones y no se puede amparar en disposición internacional para justificar la discriminación y graves violaciones de los derechos humanos.  

La cooperación con los procedimientos especiales

Hasta la fecha los 192 Estados miembros de Naciones Unidas han realizados dos ciclos de Exámenes Periódicos universales ante el Consejo de Derechos Humanos. Cuba fue examinada en 2009 y 2013.

En ambos ciclos, aceptó  recomendaciones que le sugirieron continuar con la colaboración e  interacción con el Consejo y mantener su voluntad de incrementar la cooperación constructiva y positiva con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y sus mecanismos e instrumentos, y afianzar los logros en la esfera de los derechos humanos.

Entre 2011 y 2016, el gobierno cubano recibió 24 comunicaciones de parte de los procedimientos especiales. El 79% de ellas fueron llamados conjuntos, entre dos y siete titulares  de los mandatos, y en el 71% de los casos, se le solicitó al Estado que adoptara medidas urgentes para evitar un daño irreparable en las víctimas, la mayoría personas defensoras de derechos humanos.

El gobierno respondió 21 de estas comunicaciones. Bajo el argumento de que tiene permanente voluntad de cooperación con las instancias de la maquinaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿Son estos datos suficientes para afirmar que el Estado cubano cumple con recomendaciones que le formularon los miembros del Consejo de Derechos Humanos en los ciclos del EPU?

En todas sus réplicas asumió las informaciones como acusaciones sin fundamentos, con un lenguaje agresivo y en ocasiones ofensivos. En un tono de indignación, afirmó que era absolutamente inaceptable que el sistema se empleara  para empañar la realidad y la ejecutoria de Cuba en materia de derechos humanos.

Comparado con otros países su  record de denuncia en materia de derechos humanos es bajo y si cada denuncia empaña su “realidad y ejecutoria”, en este campo, es lógico que negara el fundamento de todas.

El Estado cubano responde a los procedimientos especiales para mantener su imagen y cumplir con los compromisos. Contestar a los relatores no es sinónimo ni implica necesariamente, cooperar con los mismos. 

¿Son los Relatores de ONU selectivos y aplican doble rasero a Cuba?

El Estado acusó a los titulares de mandato de ser selectivos, aplicar dobles raseros y basarse en alegaciones fabricadas, malintencionadas y falsas, y de hacerse eco de un supuesto “contexto de creciente violencia e inseguridad para los defensores de los derechos humanos” en el país.

Cubalex realizó un análisis de la información de los reportes periódicos sobre las comunicaciones enviadas a los Estados, que emiten los procedimientos especiales, en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). Quisimos comprobar si los argumentos del Estado cubano, en relación a los titulares de mandato, son ciertos y justificado su leguaje.

Comparamos el número de comunicaciones recibidas por Cuba y otros siete países, y el record de respuestas de los mismos, a los procedimientos especiales entre 2011 y 2016.

Cuba no es el Estado que más comunicaciones recibe de los procedimientos especiales, ni el que menos. El número de denuncias que recibió, es sumamente pequeño comparado con la cifra global de comunicaciones enviadas por cada uno de Relatores de ONU que reportó a la Isla entre 2011 y 2016.

Tampoco es con el que más interactúan los titulares de mandatos especiales como muestra el  siguiente gráfico que compara  el porciento de relatores o grupos de trabajo que enviaron comunicaciones a Cuba y a los países seleccionados.

La arrogancia de Cuba ante los Relatores de ONU 

El gobierno cubano acusa a los relatores especiales de Naciones Unidas, que le llamaron la atención sobre violaciones de derechos humanos, de estar manipulados y ser utilizados por personas inescrupulosas, como instrumento de su campaña contra el país.

Sus respuestas, además de agresivas y ofensivas, son reiterativas y predecibles. En todas reprocha que les han enviado comunicaciones con conclusiones erróneas que no se ajustan a la realidad cubana.

Desde su visión, las personas defensoras de derechos humanos son instrumentos de Estados Unidos, para la destrucción de su sistema.  

Según el gobierno Estados Unidos trata de imponer al país un cambio de régimen, y utiliza el terrorismo, la subversión política y los derechos humanos.

Un argumento que utiliza para justificar la represión y hostigamiento contra las personas defensoras de derechos humanos residentes en la Isla.  

Sin embargo, en sus argumentaciones cambia constantemente de roles, de victima desacreditada y asediada por un imperio, a victimario.

En tono desafiante les ha advertido a los relatores que sus preocupaciones por las personas defensoras de derechos humanos, “lamentablemente serían  permanentes y sistemáticas”.

Su arrogancia deja claro que no modificará su conducta. 

La hipocresía  y el doble rasero del Estado cubano ante los mecanismos de protección de los derechos humanos en Naciones Unidas

Cuba acusa a los relatores de Naciones Unidas de violar el código de ética, que les exige no basarse exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.

Según el gobierno las fuentes que envían información a Naciones Unidas sobre violaciones de derecho humanos en la Isla, no son creíbles, no actúan de buena fe y tienen motivaciones políticas.

Al tiempo los remite a materiales audiovisuales y artículos periodísticos, emitidos por la prensa y la televisión oficial, en los que explícitamente viola el derecho al honor y la privacidad de las personas defensoras de derechos humanos.

Abiertamente reconoce que viola los derechos de las personas defensoras, pero se justifica manipulando los estándares internacionales a su favor.

Se escuda en la protección del orden público, para efectuar detenciones arbitrarias masivas y quebrantar el ejercicio de los derechos de manifestación, reunión y asociación pacífica.

Sin embargo, en 10 años no ha permitido la entrada al país de ningún titular de los mandatos de los procedimientos especiales, para que contraste la situación de derechos humanos en el país. 

La discriminación de una sociedad civil diferente

El Estado cubano no niega su existencia. Al tiempo que reconoce una parte de la sociedad civil ella, criminaliza y deslegitima el trabajo de las organizaciones que han surgido espontáneamente y son autónomas.

Afirma que las personas defensoras de derechos humanos están masivamente agrupadas en las miles de organizaciones de reconocida trayectoria a nivel nacional.

Sin embargo, omite que sus liderazgos ocupan cargos dentro de la estructura del único partido reconocido y puestos en el aparato estatal.

Por el contrario, los grupos que dentro de la sociedad civil surgen espontáneamente y sus miembros tengan una opinión política o de otra índole en contra de los intereses de la élite política, son discriminados.

Les niega el derecho a registrarse, obligándolos a operar informalmente.

Los acusa de mercenarios y terroristas porque reciben financiamiento principalmente del gobierno de los Estados Unidos, y por ende, de atentar contra los derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación.

Lamentablemente, la Constitución de la República excluye la opinión política o de otra índole como motivo de discriminación. 

Los riegos de defender los derechos humanos en Cuba

En los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, el Estado cubano rechazó 32 recomendaciones que lo exhortaban a poner fin a la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y levantar las restricciones que impiden la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

Miembros del Consejo de Derechos Humanos le sugirieron asegurar a las mismas, un entorno seguro, libre e independiente, para realizar sus actividades, sin riesgo de acoso, intimidación, persecución o violencia.

Le recomendaron que se abstuviese de abusar de las disposiciones penales, para  reprimirlas y hostigarlas.  Además que adoptara todas las medidas necesarias, incluido un examen de su legislación, para asegurar que todos los casos de agresiones contra ellas, fuesen investigados por órganos independientes e imparciales.

El Estado cubano objetó estas recomendaciones, bajo el argumento de que eran incompatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación; porque las mismas ponían en práctica una política concebida por una superpotencia extranjera, con el objetivo de destruir su sistema político, económico, y social.

No obstante, el gobierno alega que en el país, los defensores de los derechos humanos son protegidos, en condiciones de igualdad y actúan con total libertad y sin restricción alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Agrega que estos son los millones de personas que en Cuba están agrupadas en miles de organizaciones, y que cuentan con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos. No necesitan, protección distinta a la de cualquier persona con ciudadanía cubana. No son objeto de amenaza, no corren peligro, ni enfrentan la eventualidad de acto violatorio alguno por el desarrollo de sus actividades.

Cuba niega el trabajo de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil informal 

La defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo depende del trabajo en el terreno que realizan las organizaciones de la sociedad civil, documentando violaciones de derechos humanos.

No importa si el contexto interno de un país es más o menos represivo, o si el régimen es más o menos democrático. La sociedad civil es la que vigila la aplicación e implementación universal y efectiva de los derechos humanos.

Estas organizaciones son mediadores entre los individuos y el Estado, y un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias y el Estado de Derecho. Sin sociedad civil, no hay Estado legítimo.

Lamentablemente sus miembros, a menudo se exponen a peligros. Muchas veces son torturados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, incluso asesinados. Están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, por las restricciones indebidas a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación

De los 43 mandatos temáticos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los relatores que se ocupan del ejercicio de los derechos antes mencionados, son quienes más comunicaciones envían a los Estados. Cuba no es la excepción. Estas relatorías fueron las que más comunicaciones les enviaron, ya sea de manera individual o en forma conjunta, entre 2011 y 2016.  

Sin embargo, el Estado cubano discrepa de la caracterización que realizan los relatores sobre las personas que integran las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba. Consideran inadmisible que internacionalmente las reconozcan como tal y parte de la sociedad civil cubana.

Agrega que tienen como objetivo, transgredir abiertamente las leyes, socavar, subvertir y destruir el sistema político y social, el ordenamiento jurídico y constitucional interno, establecido de forma soberana por la nación cubana, actuando en contra de los propósitos y principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre derecho humanos.

Asegura que transitaron de invasores a terroristas, y se escudan bajo el manto de defensores  de derechos humanos. Afirma que reciben financiamiento proveniente del gobierno de Estados Unidos, para fabricar pretextos que justifiquen su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba.

El gobierno niega el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil informal, mediante el descrédito, para aumentar su situación de vulnerabilidad. 

Sabes porque los cubanos huyen en masas de Cuba… 

Porque no hay democracia ni estado de derecho. Tampoco condiciones para ejercer las libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. La élite del Partido Comunista de Cuba (PCC), mantiene el poder a través de las estructuras del Estado y el Gobierno con métodos represivos.  

Los trabajadores no tienen derecho a la huelga ni pueden crear libremente sindicatos. El gobierno se niega a legalizar a las organizaciones sociales, que no comparten las políticas de la élite partidista. Las personas disidentes y defensoras de derechos humanos, son estigmatizadas, hostigadas y en última instancia encarceladas.

La oposición al gobierno no puede organizarse. No hay mecanismos legales para la existencia de partidos políticos. El PCC es el único partido reconocido en la Constitución nacional, que fue redactada por los fundadores de esta organización política, altos mandos militares que han permanecido en el poder, sin alternancia, por casi 60 años.

Esa élite militar, no tolera la oposición, ni pagan costo político o económico por hostigarla o reprimirla. No son abiertos al debate público. A través de la Ley hostigan a las personas que los critiquen abiertamente.

Efecto ejemplarizante. El resto de la sociedad se inhibe de expresar sus preferencias políticas. Temen a consecuencias negativas en su vida. Son controlados por las organizaciones sociales y de masas (OSM).

La ley electoral no permite a los partidos políticos participar en las elecciones, pero el PCC participa en ellas, a través las OSM. Ellas controlan el proceso electoral. Evitan la competencia y garantizan que los miembros de esta organización política,  sean los electos y designados a ocupar cargos en el gobierno. Sus líderes ocupan cargos en la más alta estructura partidista y del estado.

En consecuencia, las personas con ciudadanía y residencia en la isla, no pueden postularse en condiciones de igualdad. Tampoco tienen mecanismos para participar en la toma de decisiones políticas y económicas. La elección de los miembros del parlamento, no depende de sus votos y preferencias políticas.

Están excluidos de intervenir en la economía nacional, privilegio solo de extranjeros. Mientras la situación económica del país es precaria y empeora, el Estado les limita su capacidad para generar ingresos. Los obliga, a través del ejercicio del trabajo por cuenta propia, a realizar actividades económicas no profesionales y que dejan márgenes mínimos de ganancias.

Si los cubanos huyen dramáticamente del país, buscando mejores oportunidades de vida, pero también buscan libertad. “Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran”, una frase de José Martí que hoy tiene plena vigencia. 

El precio de mis respuestas 

Vivo en Cuba, el país de tantas presunciones y contradicciones. Se supone que todos debiéramos ser felices. Tenemos “educación y salud gratuita”, y un empleo asegurado; pero nadie entiende porque huimos de esta tierra en masas. Yo intenté buscar una respuesta y desde entonces, no tengo intimidad.

Los funcionarios que deciden voluntariamente ejercer funciones públicas, utilizan la ley para proteger su honor. La misma que emplean para amenazarme si los crítico, y la que ignoran, cuando escuchan mis conversaciones por teléfono y acceden a mi cuenta de correo electrónica.

Mientras controlan a los medios para que mantengan en secreto sus vidas íntimas, ordenan a sus periodistas desacreditarme. Me acusan de malversar fondos, solo porque decidí ser defensora de derechos humanos.  La enciclopedia digital nacional me creó un perfil e hizo público los nombres de mis familiares. Me llaman mercenaria y terrorista.

Ellos saben que nunca he recibido entrenamiento militar. Nunca he tenido un arma en mis manos. Tampoco tengo antecedentes penales. Aun así, todos los días tengo que convencerme que no estoy haciendo nada malo. Algunos familiares, amigos y vecinos me evitan. No lo dicen; pero actúan como si fuera la peor delincuente.

Cuando pasan por mi lado, bajan la cabeza para no saludarme. Parte es estigma, la otra es miedo a que los molesten por relacionarse conmigo. Nadie quiere poner en riesgo los frijoles en su mesa. El agente 007, que no es secreto ni inadvertido, me vigila. Les ha propuesto colocar micrófonos en mi hogar.

Compromete a los que viven en los alrededores de mi casa. Ellos hacen el trabajo por él. Le informan a qué hora salgo y entro, cuando apago las luces y quien me acompaña. A cambio ellos pueden seguir vendiendo flores, ron, marihuana o robar.

Cambié mis hábitos y dejé de divertirme fuera de casa. No me siento cómoda con las miradas. No puedo disfrutar y al mismo tiempo buscar entre los que me rodean, quien me sigue. Lo quieren saber todo, hasta mis más oscuros secretos, si los tuviera.

Mi vida íntima es su objetivo. Si no encuentran lo que buscan, lo inventarán. Su propósito es sembrar la duda. Emplearán cualquier medio a su alcance, incluida la violencia. Soy una mujer que trabaja en un mundo de hombres. Exacerbar los celos de tu pareja, el arma ideal y lo predecible en una sociedad machista.

Esta es mi vida y este es el precio que pago por buscar las respuestas que me ayudarán a entender por qué huimos de la tierra, donde el mundo presume que vivimos felices, porque tenemos educación y salud gratuita. 

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