​Según el Estado cubano, los derechos de reunión, manifestación y asociación pacíficas, están garantizados en la Constitución, la Ley de Asociaciones y el Código del Trabajo. Agrega que este último garantiza el derecho de sindicalización, así como el de todos los trabajadores a discutir libremente los asuntos que les afectan.

La Ley Asociaciones y su Reglamento exigen que las organizaciones se integren con un mínimo  de 30 miembros e impide expresamente a determinados grupos de la sociedad civil, registrarse según su normativa, privándolos de un marco legal que les permita realizar el derecho de asociación, como es el caso de los grupos religiosos, los que se organizan con fines políticos y los sindicatos.

En Cuba existe una sola central sindical desde 1961, la CTC. Esta organización fue creada por el liderazgo del Partido Comunista y apoyan al Estado en sus exámenes en Naciones Unidas. Refieren que participan en negociaciones con representaciones administrativas y el Gobierno, donde su líder ocupa un alto cargo como funcionario del Estado. Sin embargo, legalmente los trabajadores no tienen derecho a la huelga ni mecanismos legales para crear nuevos sindicatos.

Situación parecida ocurre con los grupos Religiosos, que desde hace 40 años fueron excluidos legalmente del derecho a registrarse, sin embargo, en sus contribuciones a los exámenes internacionales del Estado, en materia de derechos humanos, afirman haber obtenido el reconocimiento legal sin ningún obstáculo.  

La única forma de que una organización cuente con registro o reconocimiento del estado, acceda a recursos financieros y a los medios de comunicación, actúe en el tráfico jurídico con personalidad propia, y participe en eventos nacionales e internacionales, es que surjan por iniciativa del de la élite en el poder. Esta es la única respuesta a nuestra pregunta.