¿Por qué grupos de la sociedad civil oficial apoyan al gobierno?

Según el Estado cubano, los derechos de reunión, manifestación y asociación pacíficas, están garantizados en la Constitución, la Ley de Asociaciones y el Código del Trabajo. Agrega que este último garantiza el derecho de sindicalización, así como el de todos los trabajadores a discutir libremente los asuntos que les afectan.

La Ley Asociaciones y su Reglamento exigen que las organizaciones se integren con un mínimo  de 30 miembros e impide expresamente a determinados grupos de la sociedad civil, registrarse según su normativa, privándolos de un marco legal que les permita realizar el derecho de asociación, como es el caso de los grupos religiosos, los que se organizan con fines políticos y los sindicatos.

En Cuba existe una sola central sindical desde 1961, la CTC. Esta organización fue creada por el liderazgo del Partido Comunista y apoyan al Estado en sus exámenes en Naciones Unidas. Refieren que participan en negociaciones con representaciones administrativas y el Gobierno, donde su líder ocupa un alto cargo como funcionario del Estado. Sin embargo, legalmente los trabajadores no tienen derecho a la huelga ni mecanismos legales para crear nuevos sindicatos.

Situación parecida ocurre con los grupos Religiosos, que desde hace 40 años fueron excluidos legalmente del derecho a registrarse, sin embargo, en sus contribuciones a los exámenes internacionales del Estado, en materia de derechos humanos, afirman haber obtenido el reconocimiento legal sin ningún obstáculo.  

La única forma de que una organización cuente con registro o reconocimiento del estado, acceda a recursos financieros y a los medios de comunicación, actúe en el tráfico jurídico con personalidad propia, y participe en eventos nacionales e internacionales, es que surjan por iniciativa del de la élite en el poder. Esta es la única respuesta a nuestra pregunta.

​Cuba: la coincidencia entre sociedad civil y la política, anula la libre determinación del pueblo

El Estado reconoce oficialmente como organizaciones de la sociedad civil a “las sociales y de masas”, surgidas en “el proceso histórico de lucha de la Revolución” por iniciativa del liderazgo político del Partido comunista.

Tienen reconocimiento  constitucional, exclusividad dentro del sistema social y una relación de dependencia y coincidencia de intereses con el grupo político que ostenta el poder desde hace más de 58 años.  

Estas organizaciones, participan en foros y eventos internacionales  para respaldar las alegaciones del gobierno, e indicar que el sistema político y electoral cubano es el que libremente ha escogido el pueblo y expresión de su legítima voluntad.

La sociedad civil oficialmente reconocida por el Estado, también integra la sociedad política. Tienen funciones en el ámbito electoral, ejemplo; seleccionan a las persona candidatas a ocupar puestos de elección nacional y de dirección del gobierno.

Generalmente proponen  a los miembros del único partido reconocido, donde sus liderazgos ocupan altas responsabilidades. Además, los supuestos líderes sociales aspiran al poder y asumen cargos como funcionarios del Estado.

Esta relación y coincidencia, genera conflictos de intereses, inequidad en las postulaciones y elimina toda posibilidad de participación de la mayoría de la población en la toma de decisiones políticas y económicas, y por ende, los priva de su derecho a la libre determinación del pueblo.  

¡Demasiadas coincidencias para no participar en las elecciones!

En Naciones Unidas, en diferentes exámenes ante órganos de tratado y en los dos ciclos del EPU, el gobierno alegó que el pueblo cubano, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, estableció soberanamente su sistema político económico y social, refrendado con la Constitución de 1976. Asegura que es verdaderamente representativo y genuinamente autóctono y que garantiza la participación real de todo el pueblo en el ejercicio del poder público.

Sin embargo, omite que su sistema se basa en la autoridad de un solo partido político y está diseñado en base a las restricciones indebidas al derecho a fundar organizaciones políticas y adherirse a ellas, restricciones que en la práctica impiden la realización del derecho de libre determinación de la mayoría de la población.

En Cuba la ley electoral no permite a los partidos políticos participar en las elecciones, ni existen mecanismos legales para el registro de organizaciones de carácter político con aspiraciones a ocupar cargos de representación en el Estado.

El Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas (PCC y UJC), son las únicas de este tipo, que cuentan con reconocimiento en la Constitución Nacional. La primera, reconocida como fuerza dirigente del Estado.

Supuestamente, no participa en el proceso electoral, pero se prepara para el evento. Celebra sus Congresos cada 5 años, término de renovación de los órganos electivos del Estado. Generalmente un año antes de que se convoque a las elecciones en el mes de abril.

Además determina que cambios deben realizarse al sistema electoral. En el mes de julio de 1992, la Asamblea Nacional reformó el sistema de elección de los diputados nacionales y delegados provinciales por órdenes del Partido. Después de la celebración de las próximas elecciones generales en 2018 modificarán la actual ley electoral, por acuerdo de la élite de la organización partidista

La mayoría de las personas electas para ocupar puestos de representación política a nivel nacional son miembro de este Partido. Su liderazgo además ocupa los puestos más altos del Estado y del gobierno.  En 2011, antes de la renovación del órgano partidista en su VI Congreso, el 66.7 % de los miembros del Buró político del Comité Central del PCC, integraban el Consejo de Estado.

Actualmente el 86.7 % de los miembros de este politburó forma parte del órgano estatal. Además un 74.2 % de los miembros del Consejo de Estado son miembros del Comité Central y el 54.8 % de los miembros de este órgano partidista son diputados a la Asamblea Nacional.

El Primer Secretario, miembro de mayor rango dentro del Partido, desde hace décadas ha ejercido el poder político efectivo en Cuba, como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, o sea, Jefe de Estado y de Gobierno. Esta coincidencia se da en la práctica, pero no está prevista en la estructuración y regulación constitucional del sistema político cubano.

¡Para no participar en las elecciones, son demasiadas coincidencia!