El Estado cubano evade su responsabilidad internacional

Desde hace más de 10 años la comunidad internacional espera que, en el contexto del examen periódico universal (EPU) y de otros procedimientos, Cuba cumpliera sus obligaciones en materia de derechos humamos.  

Hasta la fecha, se han realizado dos ciclos del EPU. Cuba fue examinada en 2009, se comprometió a recibir a los relatores temáticos, pero hasta hoy no se ha concretado ninguna visita.

En 2013 aceptó incrementar la cooperación constructiva y positiva con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y sus mecanismos e instrumentos.

Su posición contradictoria y confusa le ha facilitado evadir sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Aseguró que invitaría a los relatores de Naciones Unidas, al tiempo advirtió que preservaban su capacidad soberana de invitar, según lo considerara oportuno, a uno u otro titular.

Su astucia le ha permitido influenciar al Consejo de Derechos Humanos, para evadir su responsabilidad y evitar ser declarado internacionalmente, como país violador de derechos humanos.

Ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos por varios mandatos desde su creación, y lo ha presidido.  

Sociedad civil Cubana. La esencia de la discriminación II

Los criterios del Estado cubano para discriminar a las personas que integran las organizaciones que surgen  de manera espontánea y autónoma en la sociedad civil y se dedican a la defensa de los derechos humanos son subjetivos, irracionales y discordantes.

Las desacredita por recibir financiación. Las inculpa de fabricar alegaciones falsas que son remitidas en los llamamientos urgentes y estimular campañas política internacional de descrédito contra las autoridades cubanas para satisfacer los intereses foráneos y desvirtuar la imagen de Cuba.

Según el gobierno, prestan servicios a los Estados Unidos a través de sus actividades provocativas y de subversión para hacerse y engrosar un aval político que les permita emigrar, bajo el programa de refugiados políticos del gobierno de ese país. Además, son abastecidos materialmente  (comida, teléfonos celulares, laptops, ropas o zapatos), como pago por los servicios que prestan al gobierno norteamericano.

El argumento es totalmente discordante. Es ilógico que el gobierno norteamericano entregue a cada integrante de estas organizaciones recursos materiales y financieros, en pago por la realización de actividades provocativas y subversivas contra el Gobierno, que después utilizaran como avales para aplicar al programa de refugiados políticos y emigrar a su territorio.

Tampoco parece racional que un grupo de individuos sin vínculo laboral, que tiene garantizado millones de dólares por prestar servicio a los Estados Unidos, abandone esta rentable actividad solo con el objetivo de emigrar.

El exilio forzado es uno de los mecanismos utilizados por las autoridades para diezmar y desarticular las organizaciones de la sociedad civil informal. Los métodos de hostigamiento y la represión de las autoridades contra las personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, son de tal magnitud, que los que los obliga a solicitar refugio político.

Los criterios para diferenciar a las organizaciones que operan informalmente en la sociedad civil, de las que cuentan con el reconocimiento del Estado, no persiguen un propósito legítimo. Están motivados en la opinión política o de otra índole, y tienen la intención de  anular el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

Sociedad civil Cubana. La esencia de la discriminación I

 

El Eatado distingue entre las organizaciones de la sociedad civil, las que operan formalmente, con las que tiene estrecha relación,  y las que surgen  de manera espontánea y autónoma, y se dedican a la defensa de los derechos humanos. Los criterios para hacer la distinción no son objetivos ni razonables y encierran varias contradicciones.

Afirma que las segundas son creadas por los servicios especiales norteamericanos y operan bajo sus instrucciones. Agrega que casi la totalidad de sus integrantes carecen de vínculo laboral y perciben mensualmente, en calidad de salario, una suma de dinero como retribución a su participación en acciones provocativas contra el gobierno.

Las acusa de atentar contra el disfrute de sus derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación del pueblo. Según el gobierno, estas mantienen una posición hostil y abiertamente opuesta al restablecimiento y normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Estos argumentos del estado son contradictorios y carecen de sentido. Es irracional que las personas defensoras que integran las organizaciones de la sociedad civil informal se opongan a los intereses y decisiones de quien supuestamente las creó, instruye y paga por sus servicios.  

Según el estado las autoridades cubanas se han visto obligadas a reaccionan y actuar contra las protestas pacíficas, que califica como “intentos de alteración al orden en la vía pública, por asalariados de la política anticubana”.

Argumenta que las personas defensoras son delincuentes con patrones de conducta negativa, provocativa y abiertamente desafiante contra los representantes de las fuerzas del orden. Los califica de inadaptados sociales que quebrantan la tranquilidad ciudadana, al tiempo que los describe como expertos en las más sofisticadas técnicas para fabricar “documentaciones fílmicas” sobre un supuesto clima de violencia en el país y el incremento de la represión contra la población.  

El estado desconoce a las organizaciones de la sociedad civil informal, para negarles el ejercicio de su derecho legítimo a expresarse, asociarse, reunirse y manifestarse. Utiliza su derecho a la soberanía, la libre determinación, el diferendo político con el gobierno de los Estados Unidos y el embargo económico; para justificar la discriminación por motivos de la opinión política, una violación de un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos.