El Estado cubano evade su responsabilidad internacional

Desde hace más de 10 años la comunidad internacional espera que, en el contexto del examen periódico universal (EPU) y de otros procedimientos, Cuba cumpliera sus obligaciones en materia de derechos humamos.  

Hasta la fecha, se han realizado dos ciclos del EPU. Cuba fue examinada en 2009, se comprometió a recibir a los relatores temáticos, pero hasta hoy no se ha concretado ninguna visita.

En 2013 aceptó incrementar la cooperación constructiva y positiva con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y sus mecanismos e instrumentos.

Su posición contradictoria y confusa le ha facilitado evadir sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Aseguró que invitaría a los relatores de Naciones Unidas, al tiempo advirtió que preservaban su capacidad soberana de invitar, según lo considerara oportuno, a uno u otro titular.

Su astucia le ha permitido influenciar al Consejo de Derechos Humanos, para evadir su responsabilidad y evitar ser declarado internacionalmente, como país violador de derechos humanos.

Ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos por varios mandatos desde su creación, y lo ha presidido.  

Sociedad civil Cubana. La esencia de la discriminación II

Los criterios del Estado cubano para discriminar a las personas que integran las organizaciones que surgen  de manera espontánea y autónoma en la sociedad civil y se dedican a la defensa de los derechos humanos son subjetivos, irracionales y discordantes.

Las desacredita por recibir financiación. Las inculpa de fabricar alegaciones falsas que son remitidas en los llamamientos urgentes y estimular campañas política internacional de descrédito contra las autoridades cubanas para satisfacer los intereses foráneos y desvirtuar la imagen de Cuba.

Según el gobierno, prestan servicios a los Estados Unidos a través de sus actividades provocativas y de subversión para hacerse y engrosar un aval político que les permita emigrar, bajo el programa de refugiados políticos del gobierno de ese país. Además, son abastecidos materialmente  (comida, teléfonos celulares, laptops, ropas o zapatos), como pago por los servicios que prestan al gobierno norteamericano.

El argumento es totalmente discordante. Es ilógico que el gobierno norteamericano entregue a cada integrante de estas organizaciones recursos materiales y financieros, en pago por la realización de actividades provocativas y subversivas contra el Gobierno, que después utilizaran como avales para aplicar al programa de refugiados políticos y emigrar a su territorio.

Tampoco parece racional que un grupo de individuos sin vínculo laboral, que tiene garantizado millones de dólares por prestar servicio a los Estados Unidos, abandone esta rentable actividad solo con el objetivo de emigrar.

El exilio forzado es uno de los mecanismos utilizados por las autoridades para diezmar y desarticular las organizaciones de la sociedad civil informal. Los métodos de hostigamiento y la represión de las autoridades contra las personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, son de tal magnitud, que los que los obliga a solicitar refugio político.

Los criterios para diferenciar a las organizaciones que operan informalmente en la sociedad civil, de las que cuentan con el reconocimiento del Estado, no persiguen un propósito legítimo. Están motivados en la opinión política o de otra índole, y tienen la intención de  anular el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

Sociedad civil Cubana. La esencia de la discriminación I

El Eatado distingue entre las organizaciones de la sociedad civil, las que operan formalmente, con las que tiene estrecha relación,  y las que surgen  de manera espontánea y autónoma, y se dedican a la defensa de los derechos humanos. Los criterios para hacer la distinción no son objetivos ni razonables y encierran varias contradicciones.

Afirma que las segundas son creadas por los servicios especiales norteamericanos y operan bajo sus instrucciones. Agrega que casi la totalidad de sus integrantes carecen de vínculo laboral y perciben mensualmente, en calidad de salario, una suma de dinero como retribución a su participación en acciones provocativas contra el gobierno.

Las acusa de atentar contra el disfrute de sus derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación del pueblo. Según el gobierno, estas mantienen una posición hostil y abiertamente opuesta al restablecimiento y normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Estos argumentos del estado son contradictorios y carecen de sentido. Es irracional que las personas defensoras que integran las organizaciones de la sociedad civil informal se opongan a los intereses y decisiones de quien supuestamente las creó, instruye y paga por sus servicios.  

Según el estado las autoridades cubanas se han visto obligadas a reaccionan y actuar contra las protestas pacíficas, que califica como “intentos de alteración al orden en la vía pública, por asalariados de la política anticubana”.

Argumenta que las personas defensoras son delincuentes con patrones de conducta negativa, provocativa y abiertamente desafiante contra los representantes de las fuerzas del orden. Los califica de inadaptados sociales que quebrantan la tranquilidad ciudadana, al tiempo que los describe como expertos en las más sofisticadas técnicas para fabricar “documentaciones fílmicas” sobre un supuesto clima de violencia en el país y el incremento de la represión contra la población.  

El estado desconoce a las organizaciones de la sociedad civil informal, para negarles el ejercicio de su derecho legítimo a expresarse, asociarse, reunirse y manifestarse. Utiliza su derecho a la soberanía, la libre determinación, el diferendo político con el gobierno de los Estados Unidos y el embargo económico; para justificar la discriminación por motivos de la opinión política, una violación de un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos.

Cuba y el ejercicio arbitrario del derecho a la libre determinación 

El desarrollo es un derecho de todo ser humano y tiene como elementos claves la soberanía permanente sobre los recursos naturales; la libre determinación; la participación popular; la igualdad de oportunidades, y el logro de condiciones adecuadas para el disfrute de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Cubalex reconoce los obstáculos al desarrollo económico que representa la aplicación del embargo norteamericano a la mayoría de la población de la isla. Nuestra organización apoya su eliminación. No solo por ese motivo, también porque ha servido y sirve al gobierno, para justificar graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de la población que dice representar, especialmente, su derecho a libre determinación en la elección de sus autoridades, que se han mantenido en el ejercicio del poder del Estado por casi 60 años y sin alternancia política.   

Ninguna disposición internacional puede interpretarse en el sentido de que autorizan o refrendan acto alguno que tenga por objeto, la supresión o limitación de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Sin embargo, Cuba ejerce de manera arbitraria su derecho a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos y la libre determinación.

La protección de los derechos individuales sin discriminación, debe guiar las políticas de los Estados. Están obligados a respetar derechos de las personas a vivir con dignidad y a desempeñar el papel que les corresponde en el gobierno de sus países.

No es posible referirse al establecimiento y fortalecimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo, sin el respeto de los derechos humanos  y de los Principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas.  Los estados están en la obligación de cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales. 

Cuba: los compromisos internacionales y la libre determinación


Los miembros del Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, recomendaron, y Cuba aceptó promover, apoyar y respaldar las iniciativas en favor de los derechos de los estados a la igualdad soberana y el reconocimiento del derecho de todos los pueblos a elegir su propio sistema político, económico y social.

Cuba como muestra de su firme apoyo y compromiso a respaldar estos derecho, alegó dirige iniciativas específicas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos y organismos del Sistema de Naciones Unidas.

En ambos ciclos del EPU, el estado rechazó 32 recomendaciones bajo el argumento de que la defensa de la independencia, la soberanía nacional y la garantía del derecho de libre determinación al pueblo cubano, le obligaba a restringir el ejercicio de la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica, para protegerse de la amenaza que representa, la política concebida por una superpotencia extranjera.  

Afirma que el disfrute de sus derechos al desarrollo, la libre determinación y la paz, están amenazado por la política de hostilidad y el bloqueo económico, comercial y financiero, y agresiones aplicada durante más de 50 años por administraciones sucesivas de los Estados Unidos, situación que le obliga a imponer prioridades cambiantes según sean los requerimientos para la defensa eso derechos.

Ninguna de esas amenazas, justifica las restricciones indebidas a las libertades y derecho fundamentales.  Los Estados están en la obligación de cumplir de buena fe sus obligaciones y no se puede amparar en disposición internacional para justificar la discriminación y graves violaciones de los derechos humanos.  

La cooperación con los procedimientos especiales

Hasta la fecha los 192 Estados miembros de Naciones Unidas han realizados dos ciclos de Exámenes Periódicos universales ante el Consejo de Derechos Humanos. Cuba fue examinada en 2009 y 2013.

En ambos ciclos, aceptó  recomendaciones que le sugirieron continuar con la colaboración e  interacción con el Consejo y mantener su voluntad de incrementar la cooperación constructiva y positiva con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y sus mecanismos e instrumentos, y afianzar los logros en la esfera de los derechos humanos.

Entre 2011 y 2016, el gobierno cubano recibió 24 comunicaciones de parte de los procedimientos especiales. El 79% de ellas fueron llamados conjuntos, entre dos y siete titulares  de los mandatos, y en el 71% de los casos, se le solicitó al Estado que adoptara medidas urgentes para evitar un daño irreparable en las víctimas, la mayoría personas defensoras de derechos humanos.

El gobierno respondió 21 de estas comunicaciones. Bajo el argumento de que tiene permanente voluntad de cooperación con las instancias de la maquinaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿Son estos datos suficientes para afirmar que el Estado cubano cumple con recomendaciones que le formularon los miembros del Consejo de Derechos Humanos en los ciclos del EPU?

En todas sus réplicas asumió las informaciones como acusaciones sin fundamentos, con un lenguaje agresivo y en ocasiones ofensivos. En un tono de indignación, afirmó que era absolutamente inaceptable que el sistema se empleara  para empañar la realidad y la ejecutoria de Cuba en materia de derechos humanos.

Comparado con otros países su  record de denuncia en materia de derechos humanos es bajo y si cada denuncia empaña su “realidad y ejecutoria”, en este campo, es lógico que negara el fundamento de todas.

El Estado cubano responde a los procedimientos especiales para mantener su imagen y cumplir con los compromisos. Contestar a los relatores no es sinónimo ni implica necesariamente, cooperar con los mismos. 

¿Son los Relatores de ONU selectivos y aplican doble rasero a Cuba?

El Estado acusó a los titulares de mandato de ser selectivos, aplicar dobles raseros y basarse en alegaciones fabricadas, malintencionadas y falsas, y de hacerse eco de un supuesto “contexto de creciente violencia e inseguridad para los defensores de los derechos humanos” en el país.

Cubalex realizó un análisis de la información de los reportes periódicos sobre las comunicaciones enviadas a los Estados, que emiten los procedimientos especiales, en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). Quisimos comprobar si los argumentos del Estado cubano, en relación a los titulares de mandato, son ciertos y justificado su leguaje.

Comparamos el número de comunicaciones recibidas por Cuba y otros siete países, y el record de respuestas de los mismos, a los procedimientos especiales entre 2011 y 2016.

Cuba no es el Estado que más comunicaciones recibe de los procedimientos especiales, ni el que menos. El número de denuncias que recibió, es sumamente pequeño comparado con la cifra global de comunicaciones enviadas por cada uno de Relatores de ONU que reportó a la Isla entre 2011 y 2016.

Tampoco es con el que más interactúan los titulares de mandatos especiales como muestra el  siguiente gráfico que compara  el porciento de relatores o grupos de trabajo que enviaron comunicaciones a Cuba y a los países seleccionados.

La arrogancia de Cuba ante los Relatores de ONU 

El gobierno cubano acusa a los relatores especiales de Naciones Unidas, que le llamaron la atención sobre violaciones de derechos humanos, de estar manipulados y ser utilizados por personas inescrupulosas, como instrumento de su campaña contra el país.

Sus respuestas, además de agresivas y ofensivas, son reiterativas y predecibles. En todas reprocha que les han enviado comunicaciones con conclusiones erróneas que no se ajustan a la realidad cubana.

Desde su visión, las personas defensoras de derechos humanos son instrumentos de Estados Unidos, para la destrucción de su sistema.  

Según el gobierno Estados Unidos trata de imponer al país un cambio de régimen, y utiliza el terrorismo, la subversión política y los derechos humanos.

Un argumento que utiliza para justificar la represión y hostigamiento contra las personas defensoras de derechos humanos residentes en la Isla.  

Sin embargo, en sus argumentaciones cambia constantemente de roles, de victima desacreditada y asediada por un imperio, a victimario.

En tono desafiante les ha advertido a los relatores que sus preocupaciones por las personas defensoras de derechos humanos, “lamentablemente serían  permanentes y sistemáticas”.

Su arrogancia deja claro que no modificará su conducta. 

La hipocresía  y el doble rasero del Estado cubano ante los mecanismos de protección de los derechos humanos en Naciones Unidas

Cuba acusa a los relatores de Naciones Unidas de violar el código de ética, que les exige no basarse exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.

Según el gobierno las fuentes que envían información a Naciones Unidas sobre violaciones de derecho humanos en la Isla, no son creíbles, no actúan de buena fe y tienen motivaciones políticas.

Al tiempo los remite a materiales audiovisuales y artículos periodísticos, emitidos por la prensa y la televisión oficial, en los que explícitamente viola el derecho al honor y la privacidad de las personas defensoras de derechos humanos.

Abiertamente reconoce que viola los derechos de las personas defensoras, pero se justifica manipulando los estándares internacionales a su favor.

Se escuda en la protección del orden público, para efectuar detenciones arbitrarias masivas y quebrantar el ejercicio de los derechos de manifestación, reunión y asociación pacífica.

Sin embargo, en 10 años no ha permitido la entrada al país de ningún titular de los mandatos de los procedimientos especiales, para que contraste la situación de derechos humanos en el país. 

La discriminación de una sociedad civil diferente

El Estado cubano no niega su existencia. Al tiempo que reconoce una parte de la sociedad civil ella, criminaliza y deslegitima el trabajo de las organizaciones que han surgido espontáneamente y son autónomas.

Afirma que las personas defensoras de derechos humanos están masivamente agrupadas en las miles de organizaciones de reconocida trayectoria a nivel nacional.

Sin embargo, omite que sus liderazgos ocupan cargos dentro de la estructura del único partido reconocido y puestos en el aparato estatal.

Por el contrario, los grupos que dentro de la sociedad civil surgen espontáneamente y sus miembros tengan una opinión política o de otra índole en contra de los intereses de la élite política, son discriminados.

Les niega el derecho a registrarse, obligándolos a operar informalmente.

Los acusa de mercenarios y terroristas porque reciben financiamiento principalmente del gobierno de los Estados Unidos, y por ende, de atentar contra los derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación.

Lamentablemente, la Constitución de la República excluye la opinión política o de otra índole como motivo de discriminación. 

A %d blogueros les gusta esto: