​La agrupación  política que ostentan desde hace 58 años el poder del Estado y el gobierno, en Cuba tienen un eficiente mecanismo de control social, para inhibir la libertad de decisión y voto de las personas electoras. El sistema está diseñado en base a las restricciones de la libertad de asociación, en particular del derecho a fundar organizaciones políticas y adherirse a ellas.

La Ley electoral le asigna a 6 organizaciones sociales y de masas, la función de seleccionar a las personas candidatas a cargos de elección nacional y de dirección del gobierno. Propone una sola persona por cargo, que generalmente comparten la ideología del único partido reconocido o están comprometida con su elite política.

El libre flujo de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas en la sociedad, está restringida porque la ley prohíbe la campaña electoral. Tampoco existe una prensa libre, capaz de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones.

Las personas con ciudadanía y residencia en Cuba no tienen mecanismos para participar en la dirección de los asuntos públicos.  No pueden ejercer influencia mediante el debate y el diálogo con sus representantes. No tienen mecanismos legales para organizarse.

Unas elecciones auténticas, libres y periódicas, requieren la libertad de participar en actividades políticas individualmente o a través de partidos políticos.  Demandan libertad para debatir los asuntos públicos, realizar manifestaciones y reuniones pacíficas. Necesita la crítica y la oposición al gobierno.